(Desde Washington, Estados Unidos) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) debatió este martes la controvertida Reforma al Poder Judicial de México que inició Andres Manuel López Obrador (AMLO) y está coronando su sucesora Claudia Sheinbaum.
Se trata un avance directo del gobierno de México sobre la independencia judicial al establecer que cerca de 1.600 cargos de magistrados y jueces serán designados por el voto popular, cuando la alianza oficialista ha logrado vencer con muchísima holgura en los últimos comicios presidenciales.
La reforma es una intrusión política al sistema judicial mexicano, que no tiene antecedentes en democracias modernas de América Latina y Europa: se trata de aplicar una normativa inédita que descarta la carrera judicial y el cursus honorum para establecer un procedimiento electoral destinado a ocupar posiciones claves en la administración de justicia.
La audiencia presidida por Roberta Clarke se inició con la defensa del gobierno de México, que fue ejercida por Luz Baños - embajadora mexicana en la OEA- y José Antonio Montero Solana, consejero jurídico de Sheinbaum.
Baños y Montero Solanas expusieron durante 20 minutos, donde hicieron una reivindicación absoluta de la propuesta que diseñó AMLO y pone en marcha la actual presidenta de México.
“La reforma está vigente, no acepta un control jurisdiccional. Acerca la justicia a la gente, esta reforma ya es una realidad en México”, sostuvo Montero Solana ante el plenario de la CIDH.
Y completó, levantando la voz: “El apoyo popular fue apabullante, fue una decisión de la soberanía popular”.
La réplica al consejero de la presidenta Sheinbaum no se hizo esperar.
Carlos Bernal Pulido, especialista en Derechos Humanos del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, cuestionó la decisión política del gobierno mexicano. “Es sospechoso que se plantee la elección popular de los jueces”, consideró Bernal Pulido.
Marieclaire Acosta, presidenta de Justicia Transicional de México, condenó el uso de las mayorías populares para avanzar sobre la independencia judicial. “Se remplazará el mérito por la popularidad, sostuvo Acosta.
Carmen López, jueza mexicana, aludió al nepotismo vinculado a la reforma diseñada por AMLO y apoyada por Sheinbaum. “Se trata de la violación a todos los derechos humanos en México”, afirmó López.
La presentación del caso ante la CIDH se extendió por 90 minutos y corrió sobre dos ejes esenciales: la pérdida de pesos y contrapesos ante la designación de magistrados que se formaliza desde una plataforma política, y los riesgos que implica esta metodología partidaria para la independencia judicial.
Al margen de las opiniones de los representantes civiles de México que cuestionan la reforma oficial, fue clave la posición de Andrea Pochak como relatora de la CIDH. Pochak tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y es muy conocida por su ética personal.
Cuando concluía la audiencia, adonde había quedado expuesta la fractura institucional en México, Pochak advirtió:
“La CIDH está preocupada por esta reforma judicial. En este momento las herramientas son escuchar, facilitar instancias de diálogo y manifestar nuestra preocupación”, afirmó la relatora.
Y concluyó: “Vamos a estar monitoreando la reforma. La CIDH va a seguir presente en la vida y vigencia de los Derechos Humanos”.
Una vez terminado el cónclave en la OEA, las organizaciones civiles mexicanos dieron a conocer un documento que cierra el cerco sobre la reforma judicial avalada por Sheinbaum y su coalición de gobierno.
“La reforma no soluciona los múltiples obstáculos a la justicia a los que nos hemos enfrentado las organizaciones que acompañamos a víctimas, ni agiliza el acceso a recursos judiciales como el amparo, por el contrario se instalan figuras violatorias del derecho al debido proceso como los jueces sin rostro. La reforma viola múltiples estándares internacionales en materia de independencia judicial”, denuncia la presentación de los expertos que rechazan la reforma judicial.
Ahora, le toca mover a la CIDH.
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