El PIT-CNT, el movimiento sindical uruguayo, es el principal impulsor de un plebiscito sobre seguridad social que se vota el próximo 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales en el país. La propuesta establece en la Constitución la edad de retiro en 60 años, equipara las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y elimina los fondos privados de pensión. La mayor parte del sistema político uruguayo se ha expresado en contra de la propuesta, entre los que está incluido el presidente Luis Lacalle Pou.
El presidente uruguayo convocó a una conferencia de prensa para el martes a la noche, en la que llamó a no votar la iniciativa y alertó que su aprobación haría necesario que se aumenten impuestos y se recorten prestaciones. La salida pública del mandatario generó una rápida reacción del PIT-CNT, que convocó a los medios para contestarle.
El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, cuestionó el discurso de Lacalle Pou, al que consideró “falaz, manipulador, insensible, errático y amenazante”, según dijo en la conferencia de prensa. Además, el sindicalista invitó al mandatario a debatir públicamente con un representante del movimiento sindical sobre el plebiscito.
El plebiscito que promueve el PIT-CNT surgió, en parte, como respuesta a la reforma jubilatoria que votó la coalición de gobierno, que además de aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años extendió los fondos privados de pensión a todos los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral. Para que estos tres elementos se incorporen en la Constitución, la papeleta del Sí debe alcanzar el 50% más uno de los votos emitidos en las elecciones del 27 de octubre, cuando también se elige el presidente y el Parlamento uruguayo.
“El pueblo se merece un discurso que no esté basado en un miedo inexistente (…) Cada vez que el pueblo aspira a mejoras, aparecen los agoreros de las mil catástrofes”, señaló.
Abdala cuestionó el modelo previsional actual, que se basa en un régimen mixto. Los trabajadores aportan parte de su salario al Banco de Previsión Social –el organismo previsional estatal– y otro lo destinan a una cuenta de ahorro individual, que gestionan las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP).
Las AFAP –los fondos privados de pensión– son cuatro en el país y la aprobación del plebiscito terminaría su negocio. Las cuatro empresas funcionan bajo el régimen privado, aunque una de ellas –la que concentra la mayoría de los afiliados– solo tiene accionistas estatales.
Para el movimiento sindical, este modelo fracasó de manera “estrepitosa” y Lacalle Pou lo “ocultó” en su conferencia de prensa. Tampoco hizo referencia a que en una reforma de 2008 hubo mejoras en “algunas prestaciones” y benefició a las mujeres.
Abdala aseguró que, con su participación, el presidente violó la Constitución, ya que establece que el mandatario no puede participar de “comisiones o clubes políticos, ni actuar en organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma de propaganda de carácter electoral”. En el gobierno, en cambio, interpretan que tienen la “obligación” de salir a defender la reforma que hicieron durante este período.
El sindicalista destacó que la papeleta es “razonable” y señaló que se le otorga al Parlamento un plazo de 24 meses para reglamentar los tres puntos que establece el plebiscito en una ley. Esto, según Abdala, demuestra que el movimiento sindical tuvo un enfoque “cauteloso y abierto al diálogo social”.
El plebiscito permite “reconstruir” un derecho que ya existía antes de la aprobación de la ley del gobierno: la posibilidad de que los trabajadores con 30 años se jubilen a los 60, destacó Abdala.
Los promotores del plebiscito tienen previsto, además, solicitar una cadena nacional para presentar los argumentos. Medios locales han informado que el gobierno está dispuesto a otorgarla.
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