El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, anunció que antes del 15 de diciembre la entidad dará a conocer cerca de 20 nuevas imputaciones dentro de los macrocasos que adelanta el tribunal.
El magistrado aseguró que la Sala de Reconocimiento avanza en un cronograma que permitirá presentar decisiones en todos los macrocasos, pese a la reducción presupuestal de 170.000 millones de pesos decretada por el Gobierno.
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Según información publicada por Blu Radio, Rojas explicó que la JEP atraviesa una etapa decisiva, caracterizada por un aumento en la producción de decisiones judiciales y, al mismo tiempo, por un plan de austeridad que obligará a reducir gastos administrativos y reorganizar parte de su operación.
El magistrado sostuvo que los nuevos resultados no responden a una reacción frente a los recortes presupuestales ni a las críticas sobre la efectividad de la jurisdicción. Señaló que se trata de la consecuencia de varios años de recopilación de información, versiones, testimonios y contrastación de pruebas.
JEP prepara cerca de 20 nuevas imputaciones
Rojas afirmó que, de aquí al 15 de diciembre, se conocerán alrededor de 20 nuevas imputaciones. El anuncio coincide con las recientes citaciones a antiguos integrantes del secretariado de las Farc por el reclutamiento de 18.677 niñas y niños, además de decisiones relacionadas con el atentado con burro bomba ocurrido en Chalán, Sucre.
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“No es una coincidencia, sino un resultado de un trabajo de todos estos años. La JEP viene desarrollando después del año 2018 estos procedimientos dialógicos y ahora empiezan a dar los resultados más importantes”, señaló el presidente del tribunal.
El magistrado describió esta etapa como una fase de “cosecha de resultados” en la que comienzan a reflejarse los años de trabajo acumulado por la jurisdicción. Durante ese periodo, la JEP recibió información, contrastó versiones, escuchó testimonios y desarrolló actuaciones dentro de los distintos macrocasos.
Rojas reconoció, sin embargo, que el aumento en la actividad judicial coincide con un escenario financiero más limitado. A su juicio, existe una paradoja porque la jurisdicción deberá presentar más resultados precisamente cuando cuenta con menos recursos para su funcionamiento.
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Recorte presupuestal obliga a reducir gastos y trasladar la sede
La JEP deberá ajustar su operación después de una reducción presupuestal de 170.000 millones de pesos. Para cumplir con ese recorte, la entidad prepara una reorganización que incluye el traslado de su sede principal en Bogotá y una disminución significativa de contratos de prestación de servicios.
La sede actual, ubicada en la calle 64 con carrera séptima, cuenta con aproximadamente 15.000 metros cuadrados. La jurisdicción planea trasladarse a un inmueble de cerca de 4.200 metros cuadrados, medida con la que proyecta un ahorro anual cercano a 26.000 millones de pesos.
La reducción del espacio físico implicará que el trabajo virtual se convierta en regla general y que se implemente un sistema de rotación para el uso de los puestos disponibles.
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Además, la JEP aplicará un recorte del 85 % en los contratos de prestación de servicios, con el que espera ahorrar entre 83.000 y 85.000 millones de pesos.
Pese a la magnitud del ajuste, Rojas aseguró que la reducción de recursos no afectará el núcleo esencial del mandato de la jurisdicción ni la actividad judicial central.
“La reducción que estamos haciendo por mandato de esta regla, esta norma presupuestal no afectará el núcleo esencial de nuestro mandato. Por eso vamos a hacer recortes en donde haya que hacerlo, pero no reducir la actividad judicial central de la JEP”, afirmó.
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El presidente de la jurisdicción insistió en que las medidas de austeridad se concentrarán en componentes administrativos y operativos, mientras los procesos judiciales continuarán avanzando.
La JEP entra así en una etapa marcada por dos frentes simultáneos: la presentación de nuevas imputaciones en sus macrocasos y una reorganización interna destinada a absorber el impacto del recorte presupuestal. Según Rojas, ambos procesos deberán desarrollarse sin comprometer las funciones esenciales del tribunal ni el ritmo de las decisiones previstas para el cierre de 2026.
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