El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ha cancelado este viernes otras diez nuevas asociaciones y fundaciones, entre las que se incluye la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables (UCSER). El decreto publicado en el diario oficial La Gaceta precisa que la universidad “abrió sedes no autorizadas”, “no cuenta con laboratorios para impartir clases prácticas” o no tiene “convenios para el desarrollo de las prácticas de formación profesional”.
La universidad, inscrita en mayo de 2022, también tiene “inconsistencias en la distribución de horas en las modalidades presencial y semipresencial” y no cumplió con “los procedimientos establecidos” en las graduaciones de sus distintos alumnos.
Asimismo, las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de la Asociación de Scouts de Nicaragua, inscrita en septiembre de 1995, por no informar sobre sus resultados financieros entre los años 2020 y 2022, así como por tener su junta directiva vencida desde 2020. Ortega acudió junto con su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la celebración por el aniversario del centenario de los Scouts en 2017, junto con el presidente de la asociación, Jorge Katin, según ha recogido el diario La Prensa.
La cancelación también afecta a organizaciones religiosas, como la Asociación Fraternidad Misioneras del Fiat de María; la Asociación Ministerio Rey David; el Club Rotario de León; la Asociación de Iglesia Evangélica Luz en la Integración Social; la Fundación Profesora Ana Fernanda García Centro de Atención y Recreación para Adolescentes de Sutiaba y la Asociación Iglesia de la Doctrina Viva de Jesucristo Sala de Luz y Verdad.
Asimismo, de las diez ONG canceladas, dos han sido por motivos de “disolución voluntaria”, siendo el caso de la Fundación Centroamericana de Radionica y Radiestesia en la Medicina Integral y la Asociación de Ejecutivo de Recursos Humanos de Nicaragua.
La oposición política y organizaciones en defensa de los Derechos Humanos enmarcan estas cancelaciones del régimen de Ortega en la campaña represiva que comenzó tras las protestas antigubernamentales de 2018 y que ha afectado también a medios independientes, activistas y líderes religiosos.
El régimen de Ortega ha cerrado unas 3.500 ONG desde 2018. Nicaragua endureció las leyes tras las protestas contra el régimen aquel año, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El régimen de Ortega, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que algunas oenegés las financiaron.
El Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado a más de un centenar de funcionarios locales nicaragüenses asociados con el sandinismo, informó este viernes el Departamento de Estado.
Según Washington, los sancionados están “involucrados en los implacables ataques del Gobierno de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”.
La medida prohíbe a las personas afectadas, que no fueron identificadas, la entrada a Estados Unidos.
El Departamento de Estado sostuvo que el régimen de Ortega “sigue involucrado en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales”.
(Con información de AFP, EP y EFE)
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