El Mercosur le pidió a Guatemala tomar medidas para asegurar la investidura del presidente electo

El bloque manifestó preocupación por “la judicialización” del proceso electoral e instó “a respetar la voluntad del pueblo”

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El Gobierno de Brasil, que ocupó la presidencia rotativa del Mercosur en el segundo semestre del año hasta el pasado jueves, cuando se la traspasó a Paraguay, ya afirmó por separado que la decisión de la Fiscalía “obstruye el proceso democrático en Guatemala” (REUTERS/Pilar Olivares/File Photo)
El Gobierno de Brasil, que ocupó la presidencia rotativa del Mercosur en el segundo semestre del año hasta el pasado jueves, cuando se la traspasó a Paraguay, ya afirmó por separado que la decisión de la Fiscalía “obstruye el proceso democrático en Guatemala” (REUTERS/Pilar Olivares/File Photo)

Los países del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) pidieron este martes a las autoridades de Guatemala que adopten “todas las medidas necesarias” para asegurar la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

El bloque manifestó en una nota su preocupación por “la judicialización” del proceso electoral en Guatemala e instó “a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas con una mayoría contundente”, en la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto.

En este sentido, exhortó a las autoridades del país centroamericano a tomar “todas las medidas necesarias” para garantizar un proceso de transición presidencial “armónico” que asegure la investidura de “las autoridades legítimamente electas”.

El Ministerio Público de Guatemala aseguró el viernes pasado que las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo de León no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.

La presunta invalidación de los resultados fue expuesta por la fiscal Leonor Morales en una rueda de prensa, en la que dijo que deben quedar anuladas las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

El Gobierno de Brasil, que ocupó la presidencia rotativa del Mercosur en el segundo semestre del año hasta el pasado jueves, cuando se la traspasó a Paraguay, ya afirmó por separado que la decisión de la Fiscalía “obstruye el proceso democrático en Guatemala”.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo (Europa Press/Contacto/Fernando Chuy)
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo (Europa Press/Contacto/Fernando Chuy)

La Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionó que ese se suma a “otros actos arbitrarios” cometidos durante el período electoral y que “amenazan el ejercicio de los mandatos de las autoridades legítimamente elegidas”.

De esta forma, Brasil instó a Guatemala a adherirse a los compromisos democráticos asumidos en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y pidió a todos los poderes de ese país actuar “con la debida urgencia y firmeza”.

Solo así, argumentó el Gobierno de Lula, se podrán “frenar los excesos, preservar los derechos y las garantías de los ciudadanos y hacer cumplir las decisiones soberanas de los electores guatemaltecos”.

La Corte Constitucional (CC) recibió este lunes una denuncia contra el Ministerio Público que considera que el organismo acusador incumplió un amparo emitido el pasado 7 de octubre por la propia CC que ordenaba respetar el resultado de las elecciones presidenciales.

“Vamos a pedir una asistencia para la debida ejecución del amparo porque a nosotros nos concedieron un amparo provisional el 7 de octubre, cuando la Corte de Constitucionalidad dijo que instaba a todos los órganos a respetar la alternancia en el poder y los resultados electorales”, explicó el abogado constitucionalista Edgar Ortiz en declaraciones recogidas por el portal Prensa Comunitaria.

“En este amparo la CC reconoció la amenaza al orden democrático y a la alternancia del poder”, destacó Ortiz, que pide al Constitucional “una acción legal para solicitar que se respeten los resultados electorales”.

Ortiz subrayó que la Fiscalía no tiene competencia en el ámbito electoral y que “el Ministerio Público tampoco tiene facultades para pedirle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anule las elecciones”, como sucedió el pasado viernes, por lo que habría incumplido el dictamen del CC de octubre.

(Con información de EFE y EP)