La iniciativa del diputado Jorge Cálix denominada Ley de Justicia Energética y contra el Fraude Eléctrico, fue presentada como una alternativa a otros proyectos discutidos en el Congreso Nacional.
Cálix había asegurado que el documento fue elaborado después de consultas con expertos nacionales y extranjeros y tomando como referencia modelos implementados en otros países centroamericanos.
“La propuesta del Partido Liberal parte de una premisa: la ENEE es pública y todo lo que se haga con la ENEE seguirá siendo del Estado de Honduras completamente”, manifestó el congresista al explicar los alcances del proyecto.
¿Qué propone la iniciativa de Cálix?
Uno de los principales componentes consiste en reorganizar la ENEE bajo una estructura estatal que separe las actividades de generación, transmisión y distribución mediante subsidiarias controladas por una empresa matriz.
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Cálix también rechazó que la estatal sea convertida en una sociedad anónima de capital variable y planteó establecer candados legales para dificultar cualquier intento futuro de privatización.
En materia financiera, la iniciativa contempla que el Estado absorba inicialmente la deuda histórica de la ENEE, estimada en alrededor de 120.000 millones de lempiras, para permitir que las nuevas estructuras comiencen sus operaciones sin arrastrar ese pasivo.
Después de un período de gracia de diez años, comenzarían a devolver esos recursos al Estado.
La propuesta también endurece las medidas contra el hurto de energía, incluyendo penas de prisión de entre tres y diez años para determinados casos graves, además de promover la reducción de pérdidas y una mayor utilización de fuentes renovables.
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Sin embargo, la reorganización planteada provocó cuestionamientos entre integrantes de la bancada liberal.
Diputados liberales cuestionan el modelo
La diputada Saraí Espinal señaló que, aunque la contrapropuesta fue liderada por Cálix junto con especialistas, mantiene elementos que generan dudas sobre las consecuencias jurídicas que podría tener la transformación de la estatal.
“El nombre de sociedad mercantil unipersonal todavía hace eco a una posibilidad de poder privatizar la estatal eléctrica en un futuro”, manifestó.
Espinal indicó que deben conocerse con precisión las facultades que tendrían esas sociedades sobre los bienes, activos y patrimonio estatal.
Al ser consultada sobre cuántos diputados compartían esa posición, evitó proporcionar una cifra, aunque aseguró que había conversado con varios compañeros y que “la mayoría se manifiesta en contra”.
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También la congresista Alia Kafati anunció su rechazo. Aunque dijo compartir objetivos como rescatar la ENEE, reducir pérdidas, combatir el fraude y atraer inversiones, cuestionó que para lograrlo sea necesario dividir su funcionamiento mediante nuevas sociedades.
La diputada Iroshka Elvir igualmente anticipó que votaría en contra al considerar que la propuesta no establece garantías suficientes para impedir una eventual privatización.
A estas posiciones se sumó Alejandro Canelas, quien anunció que no acompañaría la iniciativa y defendió que la empresa eléctrica permanezca bajo control público y sujeta a fiscalización estatal.
Otros legisladores liberales, entre ellos Lucy Guerrero, Ronald Panchamé y Ángel Sandoval, también expresaron cuestionamientos a la reforma.
Entre las críticas figura que cualquier modernización debe garantizar que la reorganización institucional no termine convirtiéndose posteriormente en un mecanismo para transferir activos estatales.
División complica el futuro de la propuesta
Las diferencias dejan a Cálix ante un escenario complejo dentro del Congreso Nacional, pues su propuesta no cuenta, al menos hasta ahora, con el respaldo uniforme de la bancada desde la cual fue impulsada.
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El debate evidencia que existe coincidencia entre los liberales sobre la necesidad de reformar el deteriorado sistema eléctrico, combatir las pérdidas y fortalecer financieramente a la ENEE. La principal disputa está en cómo hacerlo y qué estructura jurídica debe adoptarse.
Mientras Cálix sostiene que su proyecto garantiza una ENEE completamente pública, sus detractores advierten que la creación de sociedades subsidiarias podría generar consecuencias jurídicas futuras que deben ser analizadas antes de aprobar una transformación de esa magnitud.
Sin los votos suficientes dentro de su propia bancada y ante las objeciones públicas de varios legisladores, la iniciativa enfrenta dificultades para reunir el respaldo necesario para avanzar en el Congreso Nacional.
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