La Corte Constitucional (CC) recibió este lunes una denuncia contra el Ministerio Público que considera que el organismo acusador incumplió un amparo emitido el pasado 7 de octubre por la propia CC que ordenaba respetar el resultado de las elecciones presidenciales en las que se impuso Bernardo Arévalo de León, candidato del partido de izquierda Movimiento Semilla.
La Fiscalía solicitó anular todo el proceso electoral y evitar así la toma de posesión de Arévalo, una maniobra que fue criticada a nivel nacional e internacional por considerar infundadas las acusaciones y se ha llegado incluso a advertir de un intento de golpe de Estado contra el presidente electo.
“Vamos a pedir una asistencia para la debida ejecución del amparo porque a nosotros nos concedieron un amparo provisional el 7 de octubre, cuando la Corte de Constitucionalidad dijo que instaba a todos los órganos a respetar la alternancia en el poder y los resultados electorales”, explicó el abogado constitucionalista Edgar Ortiz en declaraciones recogidas por el portal Prensa Comunitaria.
“En este amparo la CC reconoció la amenaza al orden democrático y a la alternancia del poder”, destacó Ortiz, que pide al Constitucional “una acción legal para solicitar que se respeten los resultados electorales”.
Ortiz subrayó que la Fiscalía no tiene competencia en el ámbito electoral y que “el Ministerio Público tampoco tiene facultades para pedirle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anule las elecciones”, como sucedió el pasado viernes, por lo que habría incumplido el dictamen del CC de octubre.
También la ex fiscal general Claudia Paz y Paz advirtió que ni el Ministerio Público ni los fiscales generales tienen la facultad para declarar “nulas de pleno derecho” las actas electorales.
En la misma línea, el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, remarcó que el Ministerio Público no tiene facultad para decidir sobre temas electorales y advirtió que podría haber incurrido en ilícitos al intentar hacerlo tales como abuso de autoridad porque estarían utilizando su cargo para beneficio propio o de un tercero.
Igualmente podrían ser acusados de usurpación de funciones por arrogarse facultades que solamente competen al TSE e incluso de incumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala por la presunta alteración del orden constitucional, según Sandoval.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) oficializó en octubre los resultados electorales de la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto, en las que se impuso Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, y dio así por concluido el proceso electoral.
Sin embargo, el Ministerio Público pidió la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades del Movimiento Semilla y pretende así evitar que Arévalo de León tome posesión el próximo 14 de enero. Ese mismo viernes, el presidente electo sostuvo que la Fiscalía “no tiene credibilidad” y que las nuevas acusaciones en su contra son “absurdas y ridículas”.
“Es momento de defender enérgicamente nuestra voz y la posibilidad de construir un país distinto. Nadie debe interponerse entre el pueblo de Guatemala y su primavera”, recalcó Arévalo de León. En el mismo sentido, el académico de 64 años dijo que “el intento de golpe de Estado es real y nos ha traído a un momento crucial para la historia de nuestro país”.
A pesar de la acusación de la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco ratificó este viernes los resultados electorales que acreditan a Arévalo de León como ganador.
“Quiero ratificar como magistrada titular y a título muy personal que los resultados están validados, oficializados y son inalterables”, declaró la presidente del TSE, Blanca Alfaro, y agregó que “en este momento (...) los diputados y el binomio presidencial están listos para tomar posesión el 14 de enero”.
(Con información de Europa Press y EFE)
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