
El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, otorgó la noche del jueves una licencia -permiso- de seis meses al presidente Nayib Bukele, solicitada por el mandatario para buscar su reelección inmediata en los comicios generales de febrero de 2024, pese a los señalamientos de que es inconstitucional.
“Concédase licencia al presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, por el período de 6 meses, desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024, la cual deberá ser ejercida sin goce de sueldos y con todas las prerrogativas que el cargo ostenta”, reza el decreto aprobado por 67 votos de los 84 diputados y con dispensa de trámite.
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El último antecedente de un presidente que buscó la reelección inmediata se dio bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez en 1935.
El organismo designó a la secretaria privada del mandatario, como “presidenta encargada de la república”.
“Elíjase como designada por el Presidente de la República, para el actual periodo presidencial, que concluye el 31 de mayo del año 2024, a la ciudadana Claudia Juana Rodríguez de Guevara”, agregó.
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Los legisladores también votaron para que Bukele, que no se presentó personalmente ante el Congreso para solicitar la licencia, mantenga su inmunidad, por lo que no podría ser procesado penalmente ante cualquier denuncia sin pasar por el Congreso.
El decreto legislativo, cuyos efectos iniciarán un día después de su publicación en el Diario Oficial, también otorga licencia al vicepresidente, Félix Ulloa, que buscará la reelección junto a Bukele por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).
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El documento indica que la licencia “en ningún momento genera ruptura del vínculo que hay entre el funcionario y el órgano que representa, sino que solamente suspende el ejercicio de las competencias o la función pública que exige su cargo”.
Esto implica, añade el decreto, que Bukele “ya no ejerza la función o actividad administrativa que conlleva el cargo de presidente, ello por supuesto sin dejar la investidura del cargo que este ostenta y las prerrogativas que el mismo tiene”.
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Esta licencia es el último requisito, establecido en un cuestionado fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2021 y que fue elegida por el oficialismo sin seguir el proceso legal, para que Bukele compita por un nuevo mandato en los comicios del 4 de febrero.
El fallo dicta que “ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos” al inicio del siguiente período.
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Antes de este cambio de criterio, que diversos abogados dicen no es un mandato legal a raíz de que la elección de los magistrados no se dio según el proceso legal, un presidente debía esperar 10 años tras concluir su mandato para postularse.
En marzo de 2021 y antes de ser presidente, Bukele afirmó que en El Salvador la Constitución no permite la reelección inmediata de un mandatario.
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El diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo (NT), advirtió antes de la votación que la licencia para participar en la campaña no se ampara en la Constitución.
Indicó que la misma Constitución prohíbe la reelección inmediata, por lo que la justificación de Bukele no entra entre los parámetros de ser “causa grave debidamente comprobada”.
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“Hoy, el poder en El Salvador no se adapta, ni somete a las normas. Las normas se adaptan al poder, para someternos”, dijo Wright y agregó que esta situación “es una verdadera tragedia para nuestro país, para la región y para el mundo”.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS, dijo que “no se puede dar una licencia para algo que es ilegal, no se puede dar una licencia para violar la Constitución”.
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(Con información de EFE)
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