La política de drogas de Gustavo Petro “hizo sonar las alarmas” en Washington

(Washington, Estados Unidos) Hace dos meses, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una nueva política de drogas en su país. En un documento de unas 80 páginas señaló que su nueva estrategia tendría dos objetivos: por un lado, darles “oxígeno” a los campesinos que cultivan coca con alternativas para sustituir los cultivos ilícitos por otros legales como café o cacao; por el otro, la “asfixia” a los grandes grupos de narcotraficantes.

Tras esa decisión, señaló Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council, presentó un estudio realizado por ese centro de pensamiento sobre la cooperación entre ambos países en materia de drogas y aseguró que “los recientes y desafortunados comentarios del presidente Petro sobre Israel dejan en claro que Bogotá se encuentra en una situación muy diferente a la de Washington en una serie de cuestiones críticas”. “La nueva administración de Petro ha hecho saltar algunas alarmas en Washington”, agregó Geoff Ramsey, investigador principal del think tank para Colombia y Venezuela.

En el Congreso la discusión sobre el aporte anual que Estados Unidos hace a Colombia para cooperar en temas de drogas está estancada. “La incertidumbre sobre la postura de Petro sobre una serie de cuestiones ha llevado a un profundo debate sobre el futuro de la asociación entre Estados Unidos y Colombia. Esto incluye preocupaciones sobre la posibilidad de cooperar con su enfoque antinarcóticos, que enmarca el tema como un problema de salud pública más que como un problema de seguridad”, señala el informe.

La Casa Blanca propuso al Congreso que para 2024 Estados Unidos brinde asistencia por unos USD 444 millones, una cifra muy similar a la aportada este año. El Comités de Asignaciones del Senado, cámara dominada por los demócratas, propuso una cifra similar (USD 487 millones). Pero en la Cámara de Representantes el tono es otro. El comité que debe abordar ese asunto aplazó la discusión y expresó una “fuerte preocupación por las políticas y relaciones perjudiciales de la administración de Petro, que están en desacuerdo con los intereses económicos y de seguridad estadounidenses”, recuerda el informe.

Cuáles son los puntos de contacto y caminos de acuerdo

El informe presentado por el Atlantic Council fue elaborado por un grupo asesor integrado por colombianos y estadounidenses que siguen los temas de la relación bilateral y contiene siete recomendaciones clave para fortalecer la cooperación bilateral, tomando en cuenta los intereses de ambos países.

Allí se enfatiza la necesidad de equilibrar los esfuerzos para reducir el cultivo a gran escala de coca, con programas de desarrollo alternativo para las comunidades afectadas. Asimismo, resalta la importancia de desmantelar las redes criminales mediante una mayor capacitación de los organismos de seguridad e inteligencia colombianos.

Otro aspecto fundamental es la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, para lo cual el informe recomienda expandir los programas de capacitación liderados por Estados Unidos, poniendo énfasis en las transacciones ilícitas realizadas mediante criptomonedas.

En cuanto a la erradicación forzada, el documento plantea la necesidad de establecer criterios claros y consensuados para definir qué constituye un cultivo “industrial” de coca. Esto permitiría utilizar la erradicación manual de forma focalizada, sin afectar a los pequeños cultivadores.

Por otra parte, el informe resalta la urgencia de abordar los daños ambientales causados por los cultivos ilícitos en la Amazonía colombiana. Plantea la posibilidad de canjear parte de la deuda externa de Colombia para destinar esos fondos a programas de conservación ambiental y desarrollo rural sostenible.

Finalmente, y dado que el costo estimado de la nueva estrategia antidrogas colombiana supera los USD 21.000 millones en 10 años, el documento recomienda crear un fondo fiduciario internacional administrado por el Banco Mundial u otra institución financiera reconocida. Esto permitiría asegurar financiamiento a largo plazo para los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo.

Qué dice Colombia

En la presentación de este estudio participaron ex embajadores de ambos países, así como una funcionaria de la administración de Petro y expertos en tema de drogas.

Estaba prevista la presencia del ministro de Justicia colombiano en Washington, pero por problemas de vuelos lo sustituyó de manera virtual Gloria Miranda, directora de Políticas de Drogas de ese ministerio.

Miranda explicó los dos bloques principales de la política de Petro en materia de drogas y dijo que en estos dos meses de implementación ya se han logrado avances. “Desde el minserio presentamos la estrategia llamada bancos de proyectos para llegar a los campesinos para que hagan el tránsito hacia proyectos productivos de café y de cacao”, dijo Miranda.

Aseguró que el plan “asfixia” busca “apuntarle a los eslabones estratégicos de la cadena de valor” y que en ese sentido ya hubo avances con la interdicción marítima, área, fluvial, manteniendo incautaciones superiores a los del año anterior. “La lucha contra el narcotráfico es indeclinable, pero debemos hacerla atacando los eslabones estratégicos de la cadena de valor”, dijo la funcionaria.

Según Miranda, las conversaciones con los funcionarios de Estados Unidos han sido “muy productivas” y señaló varios puntos de contacto entre Petro y la administración de Joe Biden.

“Necesitamos tener un trato diferenciado para quienes están involucrados en el mercado ilegal y Estados Unidos ha estado de acuerdo con ese enfoque”, dijo la directora de Política de Drogas colombiana. Aseguró que ambos países también están de acuerdo en que “las acciones militares y punitivas deben tomarse contra los escalones más altos de la cadena de suministro de drogas” y aseguró que otro punto de coincidencia son las políticas de medio ambiente y género al respecto.

“A veces tenemos diferencias en ciertos puntos, pero creo que eso es natural cuando hablamos de las políticas antidrogas. Creo que Estados Unidos y Colombia siguen siendo muy fuertes aliados y Colombia está comprometida a abordar este fenómeno, pero centrado en los derechos humanos y el cuidado ambiental”, agregó Miranda.

En un segundo panel de análisis sobre este informe participó la ex canciller y ex embajadora de Colombia en Estados Unidos Carolina Barco, que también asesora al Atlantic Council en temas del vínculo entre ambos países.

“Ahora comprendemos mejor que la guerra contra las drogas, como se planeó originalmente, no funcionó y que tenemos que adoptar un enfoque mucho más holístico y que abordar las cuestiones de la oferta y la demanda se vuelve importante”, dijo Barco.

La diplomática aseguró que el tema es complejo porque ahora el problema es mucho más regional porque también hay grupos organizados en Perú y Ecuador, por ejemplo. Aseguró que la inseguridad es otro gran problema relacionado con el narcotráfico: “El año pasado el secuestro aumentó más del 80% y la extorsión un 27 porciento”.

El factor Venezuela

Dos ex embajadores de Estados Unidos ante Colombia también participaron del foro. Kevin Whitaker, que fue embajador norteamericano ante Colombia dijo que sigue siendo importante darle más recursos a las fuerzas de orden público, algo que está en debate en Colombia.

“Gloria habló de asfixia. Yo hablo de persuacción y disuasión. Hay elementos criminales que han decidido no dejar la vida criminal. Eso implica acciones de fuerza en contra de ese grupo e incluir la interdicción, que ha sido muy importante en el pasado para EEUU”, dijo Whitaker, que aún trabaja en el Departamento de Estado.

El diplomático también planteó otra preocupación: la Integridad territorial y la soberanía colombiana. “Parece algo de otro siglo. Pero si bien es cierto que Colombia no está amenazada ante una eventual invasión, es cierto que la inestabilidad en las zonas fronterizas con Venezuela representan una amenaza a los dos países e incluso a Estados Unidos. La violencia allí incrementa el tráfico de personas”, dijo.

En ese sentido saludó que las autoridades colombianas empiecen a hablar de estos temas con Venezuela, pero dijo que es difícil que EEUU participe de ese diálogo hasta que en Venezuela no haya un gobierno elegido democráticamente.

Michael McKinley, otro ex embajador estadounidense ante Colombia fue más allá. Aseguró que la frontera con Venezuela no solo es “porosa”, sino que también es sabido que existen grupos armados que cuentan “obviamente con algún tipo de aceptación por parte del gobierno venezolano” y operan a través de las fronteras.

“La situación de Colombia no se puede entender sin tomar en cuenta hasta qué punto Venezuela es parte del problema y el gobierno de Venezuela es parte del problema”, dijo McKinley.