El Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó al Poder Judicial que liberará ₡3,053 millones (US$6,75 millones) correspondientes al presupuesto institucional de 2026, recursos que inicialmente habían sido incluidos dentro de las sumas que serían retenidas como parte de las medidas adoptadas ante la situación fiscal del país.
El cambio de postura se produjo después de que la Presidencia de la Corte presentara un recurso de revocatoria contra la decisión comunicada por Hacienda.
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El pasado 6 de agosto, mediante el oficio MH-DGPN-UAPP-OF-0012-2026, Hacienda comunicó al Poder Judicial que liberaría el 10% restante de la cuota correspondiente al III trimestre del ejercicio económico 2026. Ese monto asciende a ₡1.526 millones (US$3,37 millones).
Posteriormente, mediante el oficio MH-DGPN-DG-OF-0331-2026, fechado el 11 de agosto, el Director de Presupuesto Nacional confirmó que la cuota correspondiente al IV trimestre de 2026 también será liberada en su totalidad.
Para este segundo periodo, el monto que será girado asciende a otros ₡1.526 millones (US$3,37 millones).
De esta manera, el total de recursos que inicialmente Hacienda había comunicado que retendría y que ahora serán liberados alcanza los ₡3.053 millones (US$6,75 millones).
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La Corte había recurrido la decisión
La retención de estos recursos había sido comunicada a la Corte Plena el 20 de julio.
Durante esa sesión se expusieron las posibles afectaciones que tendría la medida sobre el funcionamiento del Poder Judicial, particularmente en la prestación del servicio de justicia y en las acciones destinadas a enfrentar el crimen organizado.
Ese mismo día, la Corte Plena autorizó a la Presidencia de la Corte, en coordinación con la Dirección Jurídica, para promover las acciones legales correspondientes con el objetivo de contrarrestar las medidas presupuestarias comunicadas por Hacienda.
En cumplimiento de ese acuerdo, el 28 de julio, la Presidencia de la Corte presentó ante la Dirección de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional un Recurso de Revocatoria, Nulidad Concomitante y Solicitud de Medida Cautelar.
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Aunque ese recurso todavía no había sido resuelto al momento de la comunicación de Hacienda sobre la liberación de los fondos, el Ministerio informó posteriormente que girará la totalidad de los recursos.
No se trata de dinero adicional
El Poder Judicial aclaró que los ₡3.053 millones (US$6,75 millones) que serán liberados no representan recursos adicionales, un aumento presupuestario ni una nueva asignación de fondos.
Según la institución, se trata de recursos que ya habían sido aprobados, incorporados, programados y comprometidos dentro del presupuesto institucional correspondiente al ejercicio económico 2026.
La institución también precisó que estos recursos no tienen relación con los ₡13,220 millones (US$29,24 millones) que la Corte Plena acordó ceder el pasado 27 de junio como contribución institucional al esfuerzo fiscal del país.
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Ese monto de ₡13,220 millones (US$29,24 millones) se mantiene y corresponde a una decisión distinta de la adoptada posteriormente por el Ministerio de Hacienda respecto de los ₡3.053 millones (US$6,75 millones).
Poder Judicial tuvo que reprogramar compras y planes de trabajo
La decisión inicial de retener el 10% de las cuotas correspondientes al III y IV trimestre llevó al Poder Judicial a realizar un análisis de las partidas y subpartidas que serían afectadas en sus diferentes programas.
Como parte de ese proceso, la institución tuvo que reprogramar compras y planes de trabajo en distintas áreas, incluyendo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.
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Además, la Administración implementó acciones para reservar los recursos disponibles y hacer efectivo el recorte de ₡3.053 millones (US$6,75 millones).
Estos trabajos requirieron revisar la programación financiera institucional en un plazo reducido y determinar cuáles procesos debían ser modificados ante la posibilidad de no disponer de los recursos durante el resto del año.
Con la posterior comunicación de Hacienda sobre la liberación de las cuotas, el Poder Judicial tuvo que revertir los procesos que ya habían sido realizados y reincorporar los recursos al disponible institucional.
Esto implica retomar los planes de trabajo y reprogramar los procesos de compra que habían sido modificados como consecuencia de la retención inicialmente anunciada.
La institución señaló que este cambio genera posibles riesgos para la ejecución de los recursos debido a los trámites administrativos necesarios para revertir miles de líneas presupuestarias y reactivar los programas de trabajo y el plan de compras institucional.
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El Poder Judicial indicó que continuará ejerciendo las acciones que correspondan en la vía legal para resguardar los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de justicia y fortalecer las acciones contra el crimen organizado.
La institución señaló que la persona usuaria y el bienestar de la población costarricense se mantienen como prioridades de su gestión.
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