Gioconda Belli y otros exiliados denunciaron que el régimen de Daniel Ortega confiscó y ocupó sus casas en Nicaragua

“Ayer la dictadura de Ortega y Murillo consumó la confiscación de mi casa enviado policías a ocuparla”, denunció este martes en un tuit la escritora nicaragüense Gioconda Belli desde el exilio. “Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí”, añadió.

La escritora es uno de los varios nicaragüenses que en los últimos dos días se enteraron en el exilio de que sus casas estaban siendo ocupadas por la fuerza en Nicaragua. En esa lista está también Camilo de Castro, cineasta y ambientalista, hijo de Belli.

“Esta es mi casa como la dejé en el 2018. Hoy el régimen de Ortega y Murillo se la robó en castigo por ser defensores de derechos humanos y ayudar a la liberación de los presos políticos. Sin embargo, tendré para siempre el gusto de decir que los liberamos”, escribió por su parte Leonor Zúniga, también cineasta, sobre la vivienda que compartía con su esposo, Camilo de Castro, hijo de Gioconda Belli.

Antes, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión había denunciado también la ocupación de su casa. “Era lo único de valor material que le estaríamos heredando a nuestras hijas, pero ahora son asaltadas por los criminales de lesa humanidad, que además de criminales y asesinos también son ladrones. Eso es lo único que ofrecen para el país”, declaró a la plataforma 100 por Ciento Noticias. “La pagamos. Nos costó y eso es lo que nos están robando y se está materializando el día de hoy. Con mucha firmeza rechazo en nombre de mi familia, ese asalto de los ‘asecínicos’, de los criminales de lesa humanidad y ladrones”.

Carrión explicó que durante 15 años pagaron la hipoteca para tener una vivienda familiar propia, y que se enteró del robo cuando vecinos le enviaron videos con agentes del régimen ocupando la casa en que vivió con su familia.

Se conoce que también fueron ocupadas las viviendas del excanciller Normal Caldera, de la activista Haydée Castillo, y de Moisés Hassan, un antiguo miembro de la Junta de Gobierno sandinista que gobernó Nicaragua entre 1979 y 1984 y que era encabezada por el propio Daniel Ortega.

Hassan, Castillo, Caldera, Carrión, Belli y De Castro son parte de los 94 nicaragüenses exiliados a quienes la dictadura de Ortega despojó de su nacionalidad y ordenó la confiscación de sus bienes el pasado 15 de febrero, a pesar de que varios de ellos ni siquiera enfrentaban proceso judicial alguno.

Otros opositores a quienes les están ocupando sus propiedades son a los 222 ex presos políticos que fueron desterrados hacia Estados Unidos por el régimen el 9 de febrero de este año.

“A los 94 acusados se les declaró traidores a la patria, se les impuso penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer argos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como a ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente”, señala una nota de prensa del sistema judicial.

“Asimismo, se ordenó la perdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua y se les declara prófugos de la justicia”, añade la nota fechada el 15 de febrero de 2023.

La Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente las confiscaciones y la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hasta el 9 de febrero una reforma a la Constitución Política que establece la pérdida de nacionalidad para aquellos nicaragüenses que sean sentenciado por delitos considerados “traición a la patria”. Sin embargo, esta reforma solo puede entrar en vigencia hasta que sea aprobada en una segunda legislatura, en enero de 2024, según establece la legislación nicaragüense

Para un jurista nicaragüense consultado por Infobae, lo que sucede ahora en Nicaragua es “una cadena de ilegalidades que terminan con la apropiación y la usurpación de la propiedad privada. No se trata de un decomiso, no se trata de una confiscación, son delitos cometidos por el régimen en contra de los nicaragüenses, en este caso en contra de la propiedad de un grupo de nicaragüenses”.

En primer lugar, dice, se usa una reforma constitucional que no está vigente para quitar la nacionalidad a estos opositores que, en segundo lugar, son acusados de traición a la patria, pero que no fueron condenados, y aun así, en tercer lugar, en la legislación nicaragüense hay un grupo de delitos que afectan la propiedad de quienes lo cometen, pero en ese grupo no está el de “traición a la patria”.

“Lo que ha sucedido es algo similar a la UCA, es decir, están siendo despojados de sus propiedades a través de un apoderamiento, una usurpación a su propiedad privada, teniendo como base procesos ilegales. La mayoría de ellos, o todos ellos, no han sido juzgados, ni han sido condenados, y lo que hubo fue una resolución que les quitó la nacionalización, basada en una reforma constitucional que aún no está vigente”, explica el experto que por seguridad pidió anonimato.

Subraya que la legislación nicaragüense prohíbe que alguien pueda ser juzgado, y mucho menos condenado, en ausencia. “Incluso, algunos de ellos nunca han sido acusados. Todo es una ilegalidad en su máxima expresión”, agrega.

“Se trata del apoderamiento y usurpación ilegal de las propiedades de personas que no tuvieron un juicio previo, y fueron despojadas de su nacionalidad de forma ilegal y arbitraria en base a una reforma constitucional que no ha cumplido el procedimiento legislativo”, concluye.

“La poesía me abraza esta tarde en que se consuma el robo de mi casa por la dictadura”, escribió la poetisa Gioconda Belli después de conocer el despojo de su vivienda. “Pienso en Becquer para parafrasearlo: Volverán las oscuras golondrinas de mi jardín sus nidos a colgar; pero aquellos que ensuciaron nuestra historia, esos no volverán. Así sea. Así será”.