
Un hombre de apellidos Retana Brenes fue condenado a 24 años de prisión tras ser declarado culpable de cometer 28 delitos de estafa informática en Costa Rica, mediante una modalidad que consistía en solicitar teléfonos celulares prestados para realizar transferencias bancarias sin autorización de sus propietarios.
La sentencia, obtenida por la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia, constituye la pena más alta impuesta hasta ahora en el país por este delito, según informó el Ministerio Público.
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El caso dejó un perjuicio económico de ₡4,606,600 (USD 10.2 mil) y afectó principalmente a personas adultas mayores, algunas de las cuales perdieron una parte considerable de sus ingresos mensuales.
Aunque las penas correspondientes a los hechos acreditados sumaron inicialmente 173 años de prisión, el tribunal fijó la sanción definitiva en 24 años, tras aplicar las reglas de penalidad del concurso material de delitos.
El juicio se desarrolló entre el 7 de septiembre y el 10 de noviembre de 2026, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Adultos mayores entre las principales víctimas
Uno de los aspectos más relevantes del caso fue la vulnerabilidad económica de las personas afectadas.
Según la Fiscalía, el 56% de las víctimas tenía 65 años o más, mientras que las restantes se encontraban próximas a alcanzar esa edad.
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En varios casos, las cantidades sustraídas representaban entre el 15% y el 60% de los ingresos mensuales de las personas perjudicadas.
Incluso, algunas quedaron con menos de ₡10,000 (USD 22) en sus cuentas bancarias después de que el condenado realizara las operaciones fraudulentas.
Entre las víctimas también figura una asociación sin fines de lucro que atiende a 95 niños en condición de pobreza extrema.
De acuerdo con la investigación, el dinero sustraído a esta organización equivalía aproximadamente a dos días de alimentación para los menores beneficiados.

Pedía teléfonos prestados para vaciar cuentas bancarias
La investigación estableció que, entre enero y agosto de 2024, Retana Brenes abordaba a sus víctimas en establecimientos comerciales, lugares de trabajo, vías públicas y otros espacios.
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Su estrategia consistía en solicitarles prestado el teléfono celular utilizando diferentes excusas.
En ocasiones aseguraba que “se había quedado sin batería”, que no tenía saldo disponible o que necesitaba comunicarse urgentemente con algún familiar.
Una vez que conseguía el dispositivo, ingresaba a la aplicación de mensajes de texto y enviaba comandos SMS a los servicios bancarios del Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y BAC San José.
Mediante este procedimiento, lograba efectuar transferencias a través de SINPE Móvil y retiros de dinero en cajeros automáticos sin utilizar una tarjeta física.
La Fiscalía acreditó que muchas de estas operaciones se concretaban apenas minutos después de que el condenado obtenía los teléfonos.

Once personas devolvieron dinero a las víctimas
Las investigaciones también identificaron la participación de 11 personas que facilitaron cuentas receptoras para movilizar los fondos sustraídos.
Según el Ministerio Público, estas personas conocían el uso que se daría a los números de monedero que proporcionaban.
La acusación fue presentada el 30 de septiembre de 2025 contra Retana Brenes y los otros involucrados.
Antes del juicio, las 11 personas se acogieron a una medida alterna denominada reparación integral del daño, mediante la cual devolvieron el dinero sustraído a 14 víctimas.
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En el desarrollo de la investigación participaron la Sección Especializada contra el Fraude Informático, la Sección de Fraudes y la Delegación Regional de Heredia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El caso evidencia cómo el acceso momentáneo a un teléfono celular puede ser aprovechado para ejecutar fraudes bancarios, incluso sin disponer físicamente de las tarjetas de las personas afectadas.
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