
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala declaró a White Fence, también conocida como Cercos Blancos, grupo criminal organizado transnacional y terrorista por un período de cinco años. La medida alcanza a sus clicas, los subgrupos que integran la estructura, y a cualquier agrupación derivada de la pandilla.
La Cámara Penal emitió la resolución el 5 de noviembre, dentro del expediente 01004-2026-00856, y esta fue publicada en el diario oficial Diario de Centro América. El fallo respondió a una solicitud presentada el 14 de mayo por el Ministerio Público.
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La designación se sustentó en el artículo 2 de la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas, aprobada como Decreto 11-2025 por el Congreso de la República.

Una estructura surgida en Estados Unidos y asentada en Guatemala
White Fence surgió en Estados Unidos en 1930 y extendió sus operaciones a varios países de América Latina a partir de las deportaciones masivas de centroamericanos. Sus integrantes añadieron el número 13 a su denominación original, por lo que también se la identifica como White Fence 13 o WF13.
Las autoridades guatemaltecas investigan las actividades de la organización desde 2005. La estructura se asentó en la zona 18 de la capital y en los municipios de San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pínula, donde marca su presencia territorial con grafitis de las letras “WF”, de acuerdo con el Ministerio Público.
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La organización se divide en dos clicas identificadas hasta el momento: Vatos Locos Kings Sureños y Locos Santo Domingos. Ambas responden a una jerarquía lineal, con obediencia estricta y reglas internas de actuación.
El ranflero ocupa el máximo escalón de mando y suele ser el fundador de cada clica. Coordina los cobros, administra el dinero y planifica asesinatos y otros delitos; por debajo se ubican los homies brincados, ascendidos por su participación en muertes violentas y habilitados para emitir órdenes bajo supervisión.
Los chequeos transmiten instrucciones, controlan la recaudación extorsiva y participan en asesinatos. En el último nivel están los paros o colaboradores, encargados de vigilar, recoger el dinero y alertar sobre la presencia de la Policía.
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Extorsiones a comerciantes y transportistas
La estructura utiliza teléfonos móviles para exigir pagos a comerciantes y pilotos de medios de transporte bajo amenazas de muerte. El Ministerio Público sostuvo que emplea la violencia para infundir terror y consolidar el control de las áreas donde opera.
El requerimiento fiscal señaló: “Los ingresos obtenidos de estas actividades extorsivas sostienen el funcionamiento de la organización y le permiten continuar causando terror en las familias guatemaltecas”.
Durante la audiencia, un fiscal delegado ratificó la petición y presentó un informe sobre personas privadas de libertad vinculadas con la organización. El Instituto de la Defensa Pública Penal objetó que no se había individualizado a los líderes de la agrupación, pero los magistrados rechazaron ese planteamiento al validar los informes de seguridad, inteligencia civil y análisis criminal.
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La Cámara Penal estuvo integrada por los magistrados René Guillermo Girón Palacios, Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, Luis Mauricio Corado Campos y Gustavo Adolfo Morales Duarte. La calificación tendrá vigencia de cinco años desde su publicación y podrá prorrogarse por períodos iguales, conforme a la ley.
Una vez que el fallo quede firme, deberá remitirse a la Secretaría de Comunicación Social y Protocolo de la Corte Suprema de Justicia para su difusión gratuita en los canales oficiales del Gobierno. El Departamento de Estado de Estados Unidos había declarado en noviembre como organizaciones terroristas extranjeras a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza.
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