Cuáles serán las sanciones para quienes no voten o no se presenten como delegados en las elecciones presidenciales en Ecuador

Todos los ciudadanos mayores de 18 años y hasta los 65 años están obligados a votar en Ecuador. Desde los 16 años y hasta los 18, como a partir de los 65 años, el voto es calificado como facultativo. Son aproximadamente 13 millones de ecuatorianos habilitados para votar este 20 de agosto de 2023 a quienes se aplicará esta orden de participación. En las elecciones venideras se utilizará el mismo registro de votantes de las elecciones subnacionales más recientes, junto con la misma configuración logística que las elecciones del 5 de febrero.

Los ciudadanos que violen este requisito al no emitir su voto o no presentarse en un lugar de votación enfrentarán severas sanciones económicas o jurídicas. Las principales sanciones y sus montos asociados son los siguientes:

Se impondrá una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU) a los ciudadanos que no ejerzan su derecho al voto, lo cual representa un valor de USD 45. Los votantes pueden consultar las páginas electrónicas oficiales del Consejo Electoral para obtener más información sobre sus lugares de votación y/o delegación para las elecciones del 20 de agosto.

Se impondrá una multa del 15% del SBU, o USD 67,50, a los delegados de los colegios electorales que no cumplan con sus funciones o no comparezcan a sus mesas.

Aquellos que no participen en las capacitaciones requeridas para desempeñarse en las mesas de sufragio también deberán abonar una multa del 10%, equivalente a USD 45. La infracción dará lugar a multas que van de 11 a 20 salarios básicos unificados (USD 4.950 a USD 9.000) en los casos en que, habiendo asistido, se abandone una mesa de votación. Además, en estas situaciones, se considerará la posibilidad de suspender los derechos políticos del infractor para participar en política en los subsiguiente seis meses y hasta dos años.

De acuerdo con las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE), existen pocas situaciones en las que una persona puede ser exonerada del pago de multas y estas son las siguientes: Debido a limitaciones físicas o de salud, documentadas mediante certificado médico; cuando se hayan producido calamidades domésticas significativas debidamente justificadas y que hayan ocurrido el día de las elecciones o hasta ocho (8) días antes; por su ausencia del país o por haber regresado incluso el día de las elecciones; por participar en actividades relacionadas con los comicios en marcha; aquellos casos incursos en voto opcional.

Los médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y otros profesionales relacionados con el sector de la salud estarán exentos, pero solo si están ejerciendo su profesión durante las elecciones.

Las próximas elecciones se convocaron para nombrar a 137 asambleístas y un nuevo binomio presidencial. Estos representantes desempeñarán sus funciones hasta el final del período presidencial y legislativo actual, vigente hasta 2025. Inmediatamente después se convocará a nuevas elecciones para ocupar los cargos en periodos completos.

Debido a la orden de disolución recíproca emitida por el presidente Guillermo Lasso de conformidad con la Constitución ecuatoriana, que otorga al ejecutivo la facultad de disolver el Congreso y el Ejecutivo en caso de una grave crisis política institucional, este mandato de celebrar nuevas elecciones fue decretado el 17 de mayo.

Los ciudadanos ecuatorianos también deberán sufragar en las consultas sobre los temas del Yasuní y del Chocó Andino. Los ciudadanos podrán expresar sus preferencias por la extracción de minerales de tipo petrolero y metálico en estas áreas consideradas sensibles por su biodiversidad durante estas consultas públicas.

La consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní preguntará la continuidad o prohibición de la explotación petrolera en el bloque 43 Yasuní ITT en la Amazonía ecuatoriana al noroccidente del país.

La consulta popular en el cantón Quito de 2023 es una elección subnacional de iniciativa ciudadana, aplicable únicamente para quienes viven en el municipio, que busca prohibir la exploración y explotación de actividades de minería metálica en el área reservada del Chocó Andino al noroccidente de Quito.

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