Los apoderados de niños de quinto básico de la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, Región del Biobío de Chile, están indignados. Y con razón.
Según denunciaron, los alumnos, de 10 años en promedio, habrían sido desnudados, sufrido tocaciones y otras vejaciones, como la exhibición de videos de sexo explícito.
Todo esto habría ocurrido el martes, en el contexto de un operativo médico que, se explicó, consistía en la toma de la ficha CLAP (del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, instruido por el Ministerio de Salud) que llegaron a practicar funcionarios del Centro de Salud Comunitario Los Cerros.
Las cosa es que, tras enterarse, los padres alegaron que no fueron informados previamente de este procedimiento y protestaron en el frente del establecimiento educacional. La rabia contra la dirección de la escuela fue creciendo con el paso de los días y la manifestación dio paso a quemas de neumáticos, mientras los alumnos afectados ni siquiera han querido volver a clases.
Ante esto, la dirección del colegio colgó un comunicado en su sitio en la red social Facebook en la que afirman que entienden “que varios de ellos/as se pudieron sentir vulnerados/as, tanto física como psicológicamente, con el procedimiento que se utiliza para su aplicación”. Y agregaron que, una vez enterados, el establecimiento tomó “de manera inmediata, las acciones pertinente para que se realice la investigación por parte de la fiscalía”.
Al final, mencionaron que miércoles y jueves se suspenderían las clases, pues la “comunidad se encontrará en una jornada de trabajo para la toma de decisiones internas”.
Henry Campos, alcalde de Talcahuano, municipalidad de la cual depende la Escuela Villa Centinela Sur, afirmó que, tras enterarse, lo primero que hicieron fue hacer la denuncia correspondiente. “El Ministerio Público instruyó la investigación correspondiente a través de la PDI para estos efectos”, dijo.
Pero el asunto fue creciendo como la espuma. Desde la oposición, el diputado Diego Schalper anunció que este “capítulo” se sumaría a una acusación constitucional que se prepara contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Eso sí, lo hizo con la primera información que salió a la luz pública y que decía que todo esto había sucedido en el contexto de una charla sexual, lo que luego fue desmentido.
El ministro reaccionó ante el hecho y dijo que son los sostenedores de los establecimientos, en este caso la municipalidad, y los apoderados los responsables de autorizar este tipo de actividades. “Es gravísimo, absolutamente condenable. Cualquier acción que tenga que ver con la salud, me imagino, debe ser en un centro de salud y debe ser ejercido con la autorización de los padres”.
Como la ficha CLAP es un programa del ministerio de Salud, la ministra Ximena Aguilera aseguró que “no hay ningún programa que dependa del ministerio y que implique tocaciones a los genitales de los adolescentes”.
De todas formas, la aplicación de este programa, afirmaron desde la cartera, no incluye los actos que han descrito los padres.
De acuerdo a la Secretaría Regional de Educación, “de comprobarse, estamos hablando de hechos condenables y constitutivos de delitos. Estamos en contacto con el establecimiento y el sostenedor, el municipio de Talcahuano, para disponer apoyo a la comunidad educativa”.
El asunto, como ya se ha dicho, está en investigación y, al menos hasta ahora, nada se sabe de los funcionarios que habrían acudido a practicar el procedimiento.
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