
En el Tribunal Constitucional de Chile (TC) se realizaron los alegatos por los requerimientos de inconstitucionalidad en contra de los indultos presidenciales, otorgados en diciembre pasado por el Presidente Gabriel Boric a personas detenidas en el marco de las protestas del estallido social. Desde la oposición esperan que estos indultos se declaren ‘‘inconstitucionales’’, apuntando a una falta de argumentación en los decretos supremos que conceden dicha medida. En el Ejecutivo, en tanto, sostienen que no hay “inconstitucionalidad” y que sí se ha argumentado respecto a este controvertido tema.
En esa línea, añadieron que para las causas por el “estallido social” se espera restablecer la “paz social”, mientras que en el caso del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Jorge Mateluna, uno de los indultados por el mandatario, se subrayó la importancia de los informes de conducta en el recinto penal y de parte de Gendarmería.
En los alegatos, la encargada de representar a los senadores de las coaliciones de Chile Vamos y Demócratas, fue la abogada y ex integrante de la Convención Constituyente, Constanza Hube. Esta última tuvo como principal argumento la supuesta arbitrariedad y falta de justificación para entregar los indultos.
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“¿El Presidente tiene la facultad de indultar? Sí, la tiene. ¿Puede indultar a quién quiera? Sí, puede indultar a quién quiera. ¿Le tiene que pedir permiso a alguien para indultar? No, no le tiene que pedir permiso a nadie. Es por esto que solo se le pide que cuando deje en libertad a algún condenado por delitos tan graves como el caso del señor Mateluna, o que deje en libertad a personas con un evidente perfil criminógeno, como el señor (Luis) Castillo, o como el señor (Brandon) Rojas, explique por qué lo está haciendo, porque eso no consta en los decretos impugnados”, sostuvo.
Sin embargo, tras las exposiciones de las partes involucradas, los ministros del Tribunal Constitucional no llegaron a un acuerdo, por lo que decretaron medidas para mejor resolver, vale decir, medidas probatorias que el juez puede disponer por propia iniciativa, destinadas a mejorar las condiciones de información requeridas por la sentencia.
En tanto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, quien representó al Ejecutivo, manifestó que los indultos, tanto en el caso de los llamados “presos de la revuelta”, como en el del ex frentista Jorge Mateluna, sí estaban fundamentados. Para dar peso a su argumentación, el abogado leyó parte de lo que se expresa en los decretos supremos.

“El fundamento expreso de estos indultos es la necesidad de superar una crisis política e institucional en la cual se generaron hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos que exigen la adopción de acciones extraordinarias que permitan reestablecer la paz social. Los decretos también hacen referencia a que el nivel de conflictividad en el país configuró un contexto excepcional enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En ese contexto, y con el objeto de propender a la cohesión social, el reencuentro nacional, y de mirar hacia futuro con mayor dignidad y paz, es que se conceden estos indultos”, indicó.
Asimismo, otra de las acusaciones de los senadores opositores, fue una supuesta “desviación de poder”, fundamentada en los dichos de Boric, que en declaraciones a la prensa, puso en duda el desempeño del poder judicial en el caso de Mateluna.
No obstante, el abogado del CDE, señaló que el Presidente, a través de los indultos “solo perdona o conmuta la pena, no se refiere a la imputación jurídica del delito, el derecho penal sigue vigente, lo que hay es algo distinto, es la inclusión de un elemento extraño de alguna manera al mundo normativo como es el perdón”, aseguró.
Ahora que el pleno del Tribunal Constitucional ya escuchó los alegatos, los ministros deberán deliberar y escoger entre tres escenarios: dejar en estudio, en acuerdo o pronunciarse sobre el fondo de la causa.
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