Continúa escalando la polémica en Chile después que el presidente firmara una serie de indultos a favor de detenidos del estallido social y a un ex frentista.
El 30 de diciembre, Gabriel Boric, firmó el indulto que incluyó a 12 personas relacionadas con diversos actos cometidos en el estallido social del 2019, más un detenido vinculado con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo que presentó resistencia en la dictadura militar de Pinochet.
Entre los liberados se encuentra Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38), Felipe Santana Torres (22), Cristián Cayupán Queupil (30), Francisco Hernández Riquelme (23), Claudio Romero Domínguez (21), Brandon Rojas Cornejo (22), Sebastián Montenegro (25), Luis Castillo Opazo (37) y Bastián Campos Gaete (22).
Horas después, el gobierno chileno confirmó que el presidente había indultado a dos personas más: Alejandro Carvajal Gutiérrez y Matías Rojas Marambio. “El listado de nómina entregado por el Ministerio de Justicia no incluyó, por error, a dos personas que fueron indultadas”, manifestaron desde el gobierno.
A esta lista se sumó el ex frentista Jorge Mateluna, quien fue condenado a 16 años de cárcel al ser acusado de participar en un asalto a una sucursal bancaria el 2013. El gobierno explicó que “el indulto presidencial es una facultad del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N° 14 de la Constitución y en la Ley 18.050, que fija las normas generales para conceder”.
Indignación opositora
Desde la derecha chilena anunciaron su molestia por esta decisión y abandonaron las conversaciones que se realizaban para buscar un acuerdo de seguridad para el país. El partido Renovación Nacional anunció que “el Presidente Boric ha desahuciado la Mesa de Seguridad. Es imposible sostener un espacio de diálogo constructivo en pos de revertir el problema de inseguridad de Chile, cuando paralelamente el presidente Boric envía una señal tan contradictoria como indultar delincuentes violentos. En estas condiciones, para Renovación Nacional es tremendamente difícil seguir participando”.
El presidente, Gabriel Boric, defendió su decisión manifestando que “acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Es un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”.
Sobre la decisión de indultar a Mateluna, Boric dijo que “yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, y que “tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, habló sobre el abandono opositor de la mesa que busca el acuerdo de seguridad para Chile, y manifestó que “no es válido es castigar a la gente, a los ciudadanos, por un desacuerdo que hay con una postura presidencial”, y que “yo sinceramente espero que esta sea una reacción de un primer momento, pero que con el pasar de los días vayan decantando y podamos retomar el trabajo”.
La oposición no descartó ir al Tribunal Constitucional por el indulto a Mateluna. “No descartamos que se pueda revisar esta decisión en el Tribunal Constitucional, porque nos parece que es una decisión bien grave”, anunció el presidente del partido Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya. De igual manera, este bloque detalló que buscará acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por estos indultos.
Por último, el gobierno anunció que dará “unos días” para reflexionar sobre el abandono de la mesa de seguridad. “Nosotros le hemos planteado a la oposición que, ante la reacción que ha habido en estos días, estamos dispuestos a darles unos días para reflexionar, para volver a conversar, y para retomar este trabajo”.
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