
Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para que el nombramiento de la persona titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) sea sometido a la aprobación del Congreso de la Unión.
En entrevista con medios de comunicación, la legisladora explicó que la propuesta busca fortalecer la autonomía y transparencia de la fiscalización electoral de cara a las próximas elecciones.
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Asimismo, Ballesteros advirtió sobre los riesgos de que la persona titular de la UTF sea designada directamente por la Presidencia del INE, actualmente encabezada de forma temporal por, Blanca Cruz García.
Según la legisladora, este mecanismo podría beneficiar a Morena al comprometer la imparcialidad de la fiscalización electoral y omitir sanciones por gastos de campaña no reportados de sus candidaturas.
“Por eso desde la bancada naranja presentamos ya una propuesta: Juan Zavala y su servidora para recuperar la colegialidad en la toma de decisiones de todo tipo, pero especialmente las financieras y contractuales adentro del instituto, quitarle esos superpoderes que le dieron a una simpatizante morena, que hasta presuntamente pudo haber sido un esquema de ordeña de recursos públicos, por eso decimos que se tiene que investigar”, dijo.
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La reforma plantea garantizar la rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos públicos y privados utilizados en las campañas electorales.
Con esto, la bancada de Movimiento Ciudadano busca dar mayor certeza y equidad al proceso electoral mediante la aprobación legislativa del perfil que encabece la fiscalización.
Ballesteros respalda la propuesta de COPARMEX Querétaro
La legisladora respaldó la propuesta presentada por la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro (COPARMEX QRO), basada en la confianza ciudadana como respaldo a la autoridad electoral. La propuesta plantea dar legitimidad democrática a través de evaluaciones públicas de los perfiles idóneos y encuentros entre las consejerías electorales y organismos empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
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Ballesteros detalló los ejes de esta postura conjunta: “Que haya un comité independiente que evalúe el proceso por parte de la ciudadanía, nosotros lo suscribimos y lo propusimos, que se recupere la colegialidad también de las tomas de decisiones al interior, con echar para atrás los superpoderes también ya lo propusimos, y lo más importante, que regrese la certeza a las elecciones, eso para nosotros es lo funcional, y las universidades y las comunidades involucradas en el proceso de vigilancia a lo largo de toda la elección”.
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