El debate entre los líderes del MAS, Luis Arce y Evo Morales, aspirantes a candidatos en 2025, no es ideológico ni edificante, y se reduce a alusiones a lo corruptos que serían los hijos de ambos.
El diputado Héctor Arce, de la corriente de Morales, pidió que el parlamento investigue la “mano negra” del hijo del presidente, de nombre Marcelo Arce Mosqueira, en el contrato para la explotación de los yacimientos de litio firmado con una empresa china.
El cocalero Morales ha respaldo a su diputado con el argumento de que es preciso verificar cuáles fueron los factores de poder que influyeron para que el gobierno elija a una empresa china para explotar los yacimientos considerados los más grandes de Sudamérica.
En respuesta, el diputado Rolando Cuéllar, de la corriente de Luis Arce, dijo que, ya que estamos, si se ha de investigar al hijo del presidente, sería oportuno investigar también a la hija de Morales, Evaliz, por indicios de corrupción.

Ninguna alusión a ideologías o doctrinas, sólo a la corrupción de sus hijos, de dos personajes que manejan Bolivia desde 2006, uno como presidente y el otro como ministro de economía desde 2006 hasta 2017 y a pesar de la lealtad que se juraron varias veces.
Pero quien ha llevado este enfrentamiento de ofensas al extremo ha sido Carlos Romero, quien fue ministro de Morales: “El gobierno de Luis Arce ha caído en la mega corrupción”.
La afirmación se produce cuando el semanario Siglo 21 informa que el gobierno de Arce ha decidido importar gasolina y diésel desde Argentina usando 1.500 camiones cisterna, en lugar de usar la hidrovía Paraguay-Paraná o el tren, lo que ahorraría 60 millones de dólares.
La oposición ha denunciado que otro hijo del presidente Arce ha tomado control de la empresa estatal del petróleo, YPFB, y toma las decisiones más inverosímiles.
La anterior vez que Morales hizo alusiones a la participación de los hijos de Arce en empresas estatales, el presidente le respondió: “Con mi familia, no te metas”.

Pero esta vez las cosas han ido muy lejos y las alusiones cruzadas que ambos hacen a presuntos hechos de corrupción de sus hijos parecen la prueba de que, esta vez sí, la ruptura de Luis Arce y Evo Morales no es una opereta.
Son tantos y tan frecuentes los agravios que se lanzan Luis Arce y Morales, con la participación del vicepresidente David Choquehuanca, que lleva la tercera, que los medios no tienen tiempo para ocuparse de la oposición.
Por eso se sospechaba que las riñas fueran para entretener y distraer a la platea, pero que en cualquier momento se reconciliarían, lo que ahora parece muy difícil que ocurra.
El opositor José Carlos Sánchez opina que las peleas en la cúpula del MAS podrían terminar cuando todos los actores se percaten de que está en riesgo el sistema del fraude electoral que el partido ha montado, según lo denunció la OEA en 2019.
Pero por el momento no hay ninguna señal de que esté en peligro en sistema del fraude, salvo algunas dudas de quién manejaría ese delicado mecanismo que en anteriores elecciones tuvo la participaron de asesores venezolanos, cubanos y rusos.

Mientras tanto, el gobierno de Arce ha dado señales de que podría desistir de su intención de llevar a juicio, y a la cárcel, a los obispos que participaron en las nerviosas negociaciones de 2019, cuando una masiva protesta popular no aceptaba el fraude cometido por Morales.
El ministro de justicia, Iván Lima, dijo que no corresponde llevar a los obispos a un nuevo juicio por aquellos acontecimientos porque habían sido convocados ya a declarar por una causa parecida, y fueron absueltos.
Morales ha dicho que se trata de “obispos golpistas”, a pesar de que hay videos y publicaciones del momento en que él mismo pide a la Iglesia católica asistir a las negociaciones para pacificar el país.
El obispo Juárez ha dicho que lo ocurrido en 2019, cuando Morales renunció y escapó de Bolivia, fue consecuencia de un “monumental fraude”, pero que no hubo ningún golpe.
Aparte de estos temas, el gobierno de Arce se enfrenta ahora a graves problemas económicos, comenzando por la falta de dólares para importar combustibles, lo que le obligó a tomar decisiones que han puesto en riesgo la estabilidad de la moneda, con un cambio fijo frente al dólar desde hace diez años.
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