El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que prepara una estrategia para frenar el ingreso de los cárteles brasileños de la droga en territorio boliviano, aunque, según medios brasileños, ya es muy tarde.
El diario O Globo informó que Gilberto Aparecido dos Santos, conocido como Fuminho, capo del Primer Comando da Capital (PCC), vive y opera en Bolivia y O Estado de Sao Paulo dijo que ese cártel paulista de la droga posee cultivos de coca y fábricas de droga en territorio boliviano.
La alarma del ministro Del Castillo se dio después de que un grupo de narcotraficantes asesinó a un policía en la frontera con Brasil, en el parque nacional Noel Kempff, donde funcionaba una fábrica de clorhidrato de cocaína.
Al día siguiente, dos personas fueron acribilladas a balazos en la cercana población fronteriza de San Matías, la “Ciudad Juárez” de Bolivia, por la cantidad de hechos de sangre que se dan, siempre con la participación de brasileños.
El ministro dijo al respecto: “Es una zona fronteriza, son ciudadanos extranjeros que vienen a cometer delitos dentro del territorio nacional. Vemos cómo Brasil tiene organizaciones criminales que tratan de asentarse en territorio nacional. La Policía boliviana está elaborando un plan de contingencia para evitarlo.”
El presidente Luis Arce está incómodo porque todo esto ocurre cuando el ex ministro (de Evo Morales) Carlos Romero denuncia que los asaltos de tierras privadas y fiscales en Santa Cruz tienen relación directa con el narcotráfico, y que el actual gobierno es cómplice de ese plan.
En realidad, la denuncia de Romero afecta también a Morales, quien maneja la toma de tierras como parte de su propósito de expandir las plantaciones de coca.
Según el semanario Siglo 21, la denuncia del ex ministro revela que él es un nuevo aspirante a la dirección del MAS, partido que ahora está dividido entre los seguidores de Arce y los de Morales, con posiciones irreconciliables. Las posibilidades del MAS de ganar elecciones en el futuro depende exclusivamente de su capacidad de mantener el sistema de fraude creado por Evo Morales.
El País de Madrid informó que el PCC es la “hermandad de los criminales”, que tiene 35.000 “hermanos” y se maneja con un “código penal” propio que rige en catorce estados de Brasil, en Bolivia y Paraguay, además de otros países sudamericanos.
El jefe cautivo del PCC, Marcos Williams Herbas Camacho, “Marcola”, hijo de bolivianos, está preso en una cárcel de alta seguridad de Sao Paulo, donde debe cumplir una condena de 234 años de cárcel.
Marcola presume de haber leído 3.000 libros en la cárcel y ahora recomienda a sus hijos no seguir sus pasos.
Los avances de los cocales y el poder del narcotráfico, que ha incursionado en la política, aflige a los bolivianos, como a todas las sociedades atormentadas por la industria más próspera de la región.
En 2006 el novelista Arnaldo Jabor inventó una entrevista con él, y llegó a provocar pánico, hasta que se descubrió que era falsa.
Las palabras que Jabor atribuyó a Marcola son la síntesis de la pesadilla que representa el poder del narcotráfico en estas sociedades:
- “Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga, Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. ¿Vio? Yo soy culto. Leo al Dante en la prisión.
- Pero la solución sería…
- ¿Solución? No hay solución, hermano. La propia idea de “solución” ya es un error. ¿Ya vio el tamaño de las 560 villas miseria de Río?
- ¿Usted no tiene miedo de morir?
- Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí, en la cárcel, ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera”.
Además del PCC, desde Brasil bregan por operar en Bolivia el Terceiro Comando da Capital, el Comando Vermelho y otros cárteles que quieren ser los nuevos “bandeirantes”.
Las mafias brasileñas, colombianas, peruanas y mexicanas que operan en Bolivia son socias de los cocaleros de Morales.
Los cocaleros bolivianos están organizados en “sindicatos”, aunque no tienen patrones y son productores independientes, pero han sido cooptados por la organización política que Morales controla en el Chapare.
Allí no se cumplen las leyes, ni siquiera de la propiedad privada, porque los “sindicatos” deciden la tierra o el inmueble que se ha de vender o comprar.
El avance de los cocaleros por todo el territorio es la pesadilla de los bolivianos.
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