La organización de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 23 casos de denuncias de detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción implementado por Nayib Bukele en El Salvador, que cumplió 8 meses de vigencia y que suspende varios derechos constitucionales.
El abogado Alejandro Díaz informó este jueves que los 23 nuevos casos presentados se suman a 152 “que ya están bajo conocimiento de la CIDH en cuanto a violaciones por detenciones arbitrarias y masivas de personas”.
Señaló que suman en total 175 los casos presentados ante la CIDH y que “todos estos casos ya fueron del conocimiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de recursos de habeas corpus que se presentaron”.
El abogado apuntó que “en 8 meses de régimen de excepción ninguno de los casos ha tenido una respuesta efectiva” y que “los pocos casos que han sido tratados por la Sala han sido declarados improcedentes”.
El pasado 27 de septiembre tres organizaciones humanitarias, entre estas Tutela Legal, denunciaron al Estado de El Salvador ante la CIDH por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante el régimen de excepción.
Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal recomendaron al gobierno del presidente Nayib Bukele terminar la implementación del régimen de excepción, a lo que el mandatario salvadoreño contestó que “no”.
Dicha recomendación es parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, que es producto de una investigación exhaustiva conjunta entre HRW y Cristosal durante los más de 8 meses de vigencia de la medida de excepción, y en la cual se realizaron 140 entrevistas a profundidad, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento.
En el informe se subraya que durante el estado de excepción han habido violaciones sistemáticas de derechos humanos, se registran más de 90 personas fallecidas en custodia de fuerzas de seguridad del Estado, casos concretos de torturas y malos tratos.
Taraciuk señaló que solicitaron una reunión con el presidente Bukele para presentar los hallazgos y las recomendaciones del informe, pero que aún no han recibido respuesta.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Bajo la medida del estado de excepción han sido capturados, según las autoridades salvadoreñas, más de 59.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas.
(Con información de EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Cámaras, drones y perros robot: las claves del centro de vigilancia de China en Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estrenará este sábado una plataforma de espionaje a los nicaragüenses. La obra financiada por Pekín costó más de USD 42 millones y quedará bajo un aparato estatal sin controles independientes
Autoridades de Salud trasladarán al Ministerio Público posibles irregularidades en los certificados de incapacidad laboral en Panamá
El documento, que es emitido por galenos y odontólogos, es susceptible de ser comercializado por unos cuántos dólares, lo que constituye un delito, afirman
Boris Marchegiani presenta cartas credenciales ante António Guterres como embajador de Costa Rica ante la ONU
El diplomático formalizó su representación ante Naciones Unidas en un encuentro con el secretario general del organismo, en el que reafirmó las principales prioridades de la política exterior costarricense.
Posible caso de tortura en Guatemala deja a un hombre fallecido y otro gravemente herido
El ataque ocurrió en una vivienda de la colonia El Amparo I; el sobreviviente dijo que los llevaron por la fuerza desde el parque Los Pinos
Presidente de la Corte Suprema rechaza nuevamente reunión con Laura Fernández y advierte sobre independencia judicial
Orlando Aguirre informó que no asistirá al encuentro de los Supremos Poderes convocado para este viernes 21 de agosto, al considerar que el mecanismo planteado podría interferir con las competencias propias del Poder Judicial
