
Este viernes Bolivia cumple 21 días de paros y bloqueos en el país, más precisamente en la región de Santa Cruz -motor económico de la nación-. La huelga general que ya lleva tres semanas exige la realización de un censo de población durante el año entrante, en lugar de en 2024 para cuando el Gobierno planea aplazarlo por cuestiones de logística.
Los resultados de este censo permitirán una redistribución de los escaños en el Poder Legislativo, así como un presupuesto actualizado para asistencias sociales, entre otras cosas.
Durante la jornada de hoy, simpatizantes del MAS intentaron desbloquear las avenidas céntricas de la ciudad a fin de restablecer la circulación del tránsito, lo que derivó en enfrentamientos con los manifestantes que defienden la medida de fuerza. Efectivos policiales debieron hacerse presentes en la zona de conflicto e, incluso, emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los grupos rivales. Hasta el momento no se han reportado detenidos o heridos.

En tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz -que encabeza las protestas- convocó a un cabildo para este domingo por la tarde, con la idea de definir si mantienen o endurecen la medida de fuerza. Días atrás, el grupo había participado de una mesa de negociación con el gabinete del presidente Luis Arce que no fue exitosa.
“El domingo esperamos una participación importante para la ciudadanía”, indicó a la agencia EFE el vocero del Comité Cívico de Santa Cruz, Manfredo Bravo, tras confirmar la determinación de adelantar el cabildo, que en un principio se iba a realizar el martes 15.
También, Bravo destacó que “el paro no ha sido en vano” ya que “se ha logrado posicionar en la agenda nacional la problemática del censo”. Sin embargo, Arce parecería hacer caso omiso a estas manifestaciones dado que se espera que el mandatario promulgue un decreto durante las siguientes horas con la nueva fecha del censo, que podría esperarse no antes del primer trimestre de 2024.

De todas formas, sin perder la esperanza de una respuesta favorable por parte del Ejecutivo, Bravo explicó que la decisión sobre la continuidad o finalización del paro y las medidas de presión “dependen del contenido del decreto”. “La lucha ha sido fructífera y es necesario prepararse para todo lo que viene para adelante”.
Por su parte, el presidente del Comité Impulsor del Censo 2023, Vicente Cuéllar, advirtió que “está en manos del Presidente promulgar un decreto supremo que fije la nueva fecha de realización del censo, está en manos del Presidente pacificar este país”.
Además de ser el motor económico de la región, Santa Cruz es sede de la oposición que está liderada por su gobernador, Luis Fernando Camacho, quien encabeza las protestas por el censo que le daría a su región una mayor fuerza política y más fondos -por concentrar la mayor población en Bolivia-.
A dos años de haber asumido el poder, Arce enfrenta por estos días el conflicto más duro en lo que va de su gestión. A las protestas callejeras se le suma el creciente clima de tensión que deriva de los conflictos sociales motivados por la escasez de los productos esenciales y las fuertes disputas al interior de su partido.

En este contexto, en un mensaje Arce acusó a “algunos grupos” de querer “volver a desestabilizarnos” en referencia a la crisis política que vivió el país en 2019 tras las fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que el entonces presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo.
Este estallido dejó 37 muertos y provocó la renuncia de Morales y su posterior salida del país hacia México y luego, Argentina.
Meses después, en 2020, los comicios dieron ganador a Luis Arce como presidente -heredero político de Morales- quien está enfrentado con su mentor por disputas al interior del partido MAS (Movimiento al Socialismo).
(Con información de EFE y AP)
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