El Gobierno de Panamá estima que la aplicación efectiva del ITBMS a operaciones realizadas mediante plataformas digitales podría generar más de $100 millones adicionales al año.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que se trata de una proyección “muy conservadora”, elaborada incluso con información de empresas del sector que han manifestado interés en cumplir con las obligaciones tributarias panameñas.
La propuesta está contenida en el proyecto de ley 30-26, aprobado por el Consejo de Gabinete para ser remitido a la Asamblea Nacional.
La iniciativa busca modificar disposiciones del Código Fiscal para alcanzar determinadas operaciones de la economía digital, incluyendo servicios contratados mediante plataformas, compras por internet y hospedajes gestionados en línea, que actualmente no siempre generan la misma tributación que sus equivalentes tradicionales.
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Chapman insistió en que el Ejecutivo no está creando una nueva categoría de impuesto, sino estableciendo mecanismos para hacer efectivo el ITBMS que, según sostiene, ya corresponde pagar cuando un producto o servicio es consumido en Panamá.
La reforma busca definir reglas que permitan determinar cuándo una transacción digital debe considerarse realizada dentro del territorio nacional.
Para establecer esa vinculación con Panamá, el proyecto contempla elementos como la ubicación de la cuenta bancaria o del instrumento utilizado para efectuar el pago, la dirección de facturación, la dirección del protocolo de internet y el código de país de la tarjeta SIM.
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Estos indicadores permitirían identificar dónde se utiliza, consume o aprovecha el producto o servicio contratado digitalmente.
El ITBMS tiene actualmente una tarifa general de 7% sobre bienes y servicios gravados, aunque algunas actividades mantienen porcentajes diferentes, como el hospedaje o alojamiento, sujeto a una tasa de 10%.
La Dirección General de Ingresos explica además que alimentos, medicamentos, servicios médicos, útiles escolares básicos, agua y otros productos y servicios permanecen fuera de la aplicación ordinaria del impuesto.
Chapman utilizó como ejemplo la compra de software. Antes de la expansión del comercio electrónico, un consumidor adquiría físicamente el programa en un establecimiento y pagaba el impuesto correspondiente, mientras que el mismo producto comprado posteriormente por internet podía quedar fuera de la recaudación efectiva.
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Para el ministro, esa diferencia produce una desigualdad entre quienes comercializan físicamente y quienes realizan operaciones equivalentes mediante canales digitales.
El mismo principio se aplicaría a servicios de entretenimiento y suscripciones. Chapman mencionó específicamente a Netflix para explicar que las empresas deberán emitir una factura por la transacción realizada con el consumidor panameño.
Esas facturas digitales podrían incorporarse posteriormente a la Lotería Fiscal, permitiendo que quienes contraten estos servicios utilicen sus comprobantes electrónicos para participar en los sorteos promovidos por la administración tributaria.
La Lotería Fiscal forma parte de la estrategia oficial para estimular la exigencia de facturas y mejorar el cumplimiento tributario.
La DGI informó recientemente que la recaudación mensual promedio por ITBMS Ventas alcanzó $93,9 millones entre enero y junio de 2026, frente a $82,9 millones mensuales entre enero y julio de 2025, antes de que comenzaran los sorteos, una evolución que la institución relaciona con un mayor cumplimiento voluntario de los contribuyentes.
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Otro segmento alcanzado sería el hospedaje contratado mediante plataformas como Airbnb. Chapman sostuvo que los hoteles tradicionales pagan actualmente los impuestos correspondientes por los servicios de alojamiento, mientras determinados alquileres comercializados mediante plataformas digitales no enfrentan en la práctica las mismas condiciones.
El Gobierno plantea que la modificación permitiría cerrar ese vacío y equiparar las obligaciones entre distintas modalidades de hospedaje.
El proyecto también alcanzaría determinadas compras realizadas por internet cuando los bienes o servicios sean utilizados, consumidos o aprovechados en territorio panameño, aunque la aplicación concreta dependerá de las reglas que finalmente apruebe la Asamblea.
La propuesta también tendría impacto sobre compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico como Amazon, Temu, AliExpress y Shein, además de otros comercios dedicados a la venta minorista por internet.
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El criterio planteado por el Ejecutivo busca que las operaciones destinadas al mercado panameño reciban un tratamiento tributario equivalente al de las ventas realizadas por comercios establecidos físicamente en el país, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la reforma para determinar que el bien es utilizado, consumido o aprovechado en Panamá.
La iniciativa incorpora además salvaguardas para evitar efectos no previstos sobre actividades financieras sometidas a un régimen jurídico y regulatorio diferente.
La propuesta, sin embargo, ha provocado críticas entre usuarios de redes sociales que interpretan la reforma como un nuevo costo para el consumidor. Entre los comentarios aparecen cuestionamientos sobre la creación o ampliación de cargas tributarias mientras permanecen beneficios para sectores políticos, así como reclamos por el uso de los recursos públicos.
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En foros digitales también se cuestiona que una mayor recaudación no necesariamente se traduzca en mejores servicios públicos.
Parte de esas críticas apunta a los beneficios que mantienen los diputados, entre ellos la posibilidad de adquirir vehículos con exoneraciones de determinados impuestos, además de partidas para combustible y otros componentes asociados al ejercicio del cargo.
Estos privilegios han generado cuestionamientos durante años y forman parte del contraste utilizado por algunos ciudadanos para rechazar que se amplíe la recaudación sobre consumos realizados por internet.
También aparecen críticas relacionadas con los salarios y gastos asociados a funcionarios panameños destinados en el exterior, dentro de una discusión más amplia sobre el tamaño y costo del aparato público.
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El Gobierno sostiene que la modernización es necesaria porque una parte creciente del consumo se trasladó desde establecimientos físicos hacia plataformas y aplicaciones internacionales, reduciendo espacios tradicionales de recaudación.
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