Temor por los presos políticos nicaragüenses que llevan dos meses incomunicados en El Chipote

El 28 de agosto pasado los presos políticos de Nicaragua que permanecen en la cárcel conocida como El Chipote recibieron las últimas visitas de sus familiares. En esa ocasión, un grupo de reos le comunicó a sus familiares que comenzaría una huelga de hambre en el penal para exigir el cese del aislamiento, que se les permita ver a sus hijos menores y que mejoren las condiciones médicas y carcelarias.

Entre quienes autorizaron a sus familiares para que hicieran pública su iniciativa están el periodista Miguel Mendoza, la exguerrillera Dora María Téllez, el abogado Róger Reyes y el sociólogo Irving Larios.

Desde entonces no se sabe nada de lo que ha ocurre en El Chipote, porque la única información posible es la que consiguen los familiares cuando visitan a los presos políticos y durante más de 60 días el régimen de Daniel Ortega ha negado las visitas.

“Este es el periodo más largo sin visita después de la primera vez que pasaron tres meses sin saber nada de ellos y estaban en condición de desparecidos”, expresa Olama Hurtado, familiar de presos políticos. “Estamos muy preocupados. No sabemos si siguen en huelga, si la detuvieron, cómo está su estado de salud”.

“En El Chipote no nos dan ningún tipo de información. Todos los familiares diario preguntamos por teléfono o en persona cuando se llega a dejarles el agua por la mañana, que cuándo es la próxima visita y no nos dan respuesta”, añade.

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registraba hasta este jueves 219 presos políticos en Nicaragua, diez de los cuales están encarcelados desde antes de abril de de 2018, cuando se produjo una masiva rebelión que exigía la renuncia de Daniel Ortega.

A partir de mayo de 2021, Ortega inició una ola represiva dirigida a desbaratar a la oposición política en Nicaragua y llegar sin competencia a las elecciones presidenciales de ese año. Siete opositores que manifestaron su intención de competir contra Ortega fueron encarcelados y procesados por supuestos delitos que van desde “lavado de dinero” hasta “traición a la patria”.

El régimen también apresó a líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, líderes estudiantiles y este año incluyó a sacerdotes y familiares de perseguidos políticos.

La gran mayoría de los presos de esta última ola represiva fueron recluidos en la cárcel conocida como El Chipote, una instalación policial donde se supone se llevan a los sospechosos mientras son investigados. Actualmente hay 50 presos políticos en El Chipote, según el Mecanismo. Muchos de ellos tienen más de 500 días de estar recluidos ahí y fueron condenados en juicios denunciados como “irregulares” por organismos derechos humanos.

En estos 17 meses, el régimen de Daniel Ortega ha permitido 10 visitas familiares a los reos políticos que mantiene en El Chipote, y en un solo caso autorizó que una hija menor de edad visitara a su madre presa.

El 27 de agosto, durante la última visita, Margin Pozo le contó a su esposo preso, Miguel Mendoza, que Alejandra, la hija de ocho años de ambos, tuvo un colapso nervioso por los 15 meses que llevaba entonces sin ver a su padre. Mendoza tomó la decisión de iniciar una huelga de hambre para exigir que le permitan ver a su hija, tal como las leyes penitenciarias nicaragüenses lo establecen. Y le puso fecha: 19 de septiembre.

Dora María Téllez también anunció su intención de irse a huelga de hambre para exigir el fin del aislamiento carcelario al que ha estado sometida desde que llegó a El Chipote. Róger Reyes e Irving Larios se unieron a las demandas.

Margin Pozo dice que no sabe nada de la situación de su esposo, Miguel Mendoza. “No me dan noticias de él. Los oficiales que reciben el agua, responden que no están autorizados para dar información”, afirma.

Entre los familiares de los presos políticos se barajan varia causas para explicar la negativa del régimen para que se hagan las visitas. Una, que sea una forma de represión del régimen a la huelga de hambre que se inició en El Chipote; dos, que la situación de salud y nutrición de algunos reos se haya deteriorado mucho y no quiere que se sepa por ahora; y tres, que quiera evitar que se filtre información sobre las ultimas capturas de sacerdotes y miembros del régimen que han sido recluidos en El Chipote.

“Lo más probable es que no quieran que empañemos sus elecciones con nuestras denuncias”, piensa Pozo, quien tampoco descarta que la medida sea parte de la y tradicional “tortura psicológica, tanto para los presos políticos como para nosotros, los familiares”.

Un familiar de Irving Larios que pidió no ser identificado, dice que el preso político entró en huelga de hambre desde el 24 de septiembre “en principio para solidarizarse con Miguel Mendoza y el resto de presos políticos que no les han permitido ver a sus hijos menores y luego por la mala alimentación y la falta de acceso a salud especializada”.

“Lamentablemente desde hace 63 días no sabemos absolutamente nada de Irving. No tenemos ni idea del porqué no se permiten las visitas. Podríamos asumir cosas pero no tenemos la certeza. ¡Sentimos que es una tortura lo que están haciendo con nosotros! Esta incertidumbre nos está ocasionando problemas de ansiedad. No dormimos pensando en nuestros familiares”, agrega.

Pozo, por su parte, dice que Alejandra sigue esperando ver a su padre. “Hace unos días Alejandra me escuchó decir que, habían sentenciado a Miguel a nueve años de prisión. Lloró desconsoladamente e hizo la suma de su edad más los años que su papá no estaría con ella y dijo: ´Mi corazón no resistirá no verlo, hasta que cumpla 17 años. No me va a querer, no se acordará de mí, no sabrá que soy yo, porque estaré diferente´”.

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