El Gobierno de Ecuador desconoció al superintendente de bancos designado por la oposición

El gobierno de Guillermo Lasso desconoció el nombramiento del superintendente de bancos, Raúl González, quien fuera posesionado por la Asamblea Nacional del Ecuador luego de que la oposición, liderada por el correísmo y el socialcristianismo, resolviera que González debe ocupar el cargo a pesar de que una jueza anulara su designación.

En un comunicado oficial, publicado por el Ministerio de Gobierno, se informó que el Ejecutivo desconoce a González porque “simplemente no puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe”. Asimismo, el gobierno advirtió a Raúl González que en caso de realizar alguna acción como superintendente, puede “reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”. Este delito está tipificado como usurpación o simulación de funciones públicas en el Código Integral Penal del Ecuador y prevé una pena de uno a tres años en prisión.

Además, el Ministerio de Gobierno señaló que ninguna de las dependencias públicas como el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, la Juntas Monetaria y Financiera, y el Ministerio de Trabajo trabajarán con González y “no lo aceptarán” como superintendente.

González tomó juramento en la Asamblea Nacional el 11 de agosto, cuando la mayoría correísta junto con el Partido Social Cristiano, los legisladores disidentes de Pachakutik, entre otros, votaron a favor de una resolución que dispuso al Presidente de la Asamblea que proceda con la posesión inmediata ante el pleno de Raúl González como superintendente de Bancos.

Raúl González fue designado como Superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la entidad encargada de nombrar a las autoridades de control. Esta designación sucedió el 20 de julio. González era parte de una terna enviada por Lasso.

Unos días después de la designación del Consejo de Participación Ciudadana, el 1 de agosto, la jueza Larissa Ibarra resolvió una acción de protección que dejó sin efecto la designación de González. La magistrada también dispuso que el presidente Lasso envié una nueva terna para designar a otro superintendente.

El Consejo de Participación Ciudadana apeló la sentencia, sin embargo, hasta que esa apelación no se resuelva, la decisión de la jueza Ibarra se mantiene.

El 5 de agosto, Lasso envió una nueva terna. Ese mismo día, otro magistrado, el juez Jhon Rodríguez aceptó una medida cautelar y dispuso a la Asamblea Nacional que posesione de inmediato a Raúl González.

La respuesta del Ejecutivo sucede después de que se filtró un audio de una conversación telefónica entre González y Aparicio Caicedo, consejero presidencial. En la llamada, Caicedo le recriminó a González que había faltado a su palabra y que el presidente Lasso no lo quiere en su terna, por lo que Caicedo le exigía que renuncie. González habría constado en la terna del Ejecutivo como “relleno”.

Apenas el Ministerio de Gobierno informó sobre la decisión del Ejecutivo de desconocer a González, un contingente policial, con cerca de 50 policías, se trasladó a resguardar las instalaciones de la Superintendencia de Bancos. El objetivo sería que González no pueda ingresar al despacho de la entidad.

La entidad ha informado que atenderá todos los requerimientos de forma virtual.

Por su parte González se pronunció sobre el resguardo policial y escribió en su cuenta de Twitter que “es lamentable que un organismo técnico como la Superintendencia de Bancos sea sujeto a maniobras desde el gobierno. No existe la necesidad de que la Policía proteja a la superintendencia. Lo que la ciudadanía sí necesita es que la Policía la resguarde”.

A dos días de su toma de juramento en la Asamblea, González fue cuestionado por pedir a la Fiscalía que actúe de oficio luego de que el analista económico y columnista, Alberto Acosta Burneo, publicara un tuit sobre la designación de González. Acosta Burneo escribió: “Más prolijidad… El culebrón de la elección del superintendente de Bancos pudo evitarse… Si el presidente enviaba una terna bien analizada. Ahora es tarde… y nuestros depósitos están expuestos a una supervisión política, en vez de a una supervisión técnica”.

Ante el tuit, González respondió en dos publicaciones. En la primera calificó como irresponsable la opinión de Acosta Burneo y le dijo que “por bien del Ecuador, no opine”. Luego, González citó el tuit de Acosta Burneo y escribió: “Señor Alberto Acosta Burneo le comento: El sistema financiero ecuatoriano es sólido, fuerte y líquido bajo 5 aristas: requerimientos de capital, calidad activos, gestión, rentabilidad y liquidez. No sea irresponsable. Fiscalía, actuar de oficio”.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que defiende la libertad de expresión en la región, levantó una alerta y calificaron al tuit de González como una amenaza en contra de Acosta Burneo: “Consideramos que el pedido del Superintendente a Fiscalía es un intento de censura previa hacia la opinión de un ciudadano. Además, recordamos que, como autoridad, González Carrión debe recordar que está expuesto a la crítica ciudadana y debe tener un mayor nivel de tolerancia”, publicó la organización.

La mañana de este 15 de agosto, el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, dijo que los legisladores que votaron a favor de la posesión de González podrían ser destituidos por incumplir la decisión de la jueza Ibarra.

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