El gobierno de Guillermo Lasso calificó de “mordaza” a la ley de comunicación que fue aprobada por la nueva mayoría legislativa de la Asamblea Nacional afín al correísmo. El presidente del Ecuador manifestó su rechazo al texto y señaló que la ley intenta restringir los derechos humanos a la libertad de expresión e información.
Con 75 votos la Asamblea Nacional acordó en segundo debate aprobación de la ley de comunicación tras rechazar el informe aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales, que recomendó el debate de una nueva ley.
Este hecho desencadenó molestia en Carondelet que inmediatamente expidió un comunicado informando sobre la posición de rechazo que asume el gobierno nacional frente al intento de la nueva mayoría legislativa de censurar el trabajo de la prensa. El gobierno rechazó el texto aprobado por la legislatura que proviene de un informe de minoría y lo calificó como “una Ley de Comunicación mordaza”.
Durante la primera votación, el pleno votó varios artículos del proyecto de ley. Hubo 55 votos a favor, 63 en contra y 13 abstenciones. La nueva segunda vicepresidenta, Marcela Holguín, proveniente de la nueva mayoría opositora liderada por el correísmo, propuso una moción para que la cámara rechace la moción de la mayoría y proceda a votar la moción de la minoría presentada por el legislador Ángel Maita, también integrante de la bancada opositora.
La moción de Holguín recibió 73 votos a favor, 25 en contra y 33 abstenciones. Una vez que se presentaron algunos informes para su consideración, de las 126 personas que asistieron a la reunión, 75 personas apoyaron la aprobación del informe de minoría, 21 se opusieron y 30 lo rechazaron.
En un comunicado emitido por la secretaría de prensa de Carondelet, se asegura que “el Gobierno Nacional rechaza enfáticamente la aprobación de una Ley de Comunicación mordaza por la Asamblea Nacional”. Según el Ejecutivo, esa norma “intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”. El comunicado agrega que “una vez que la ley sea enviada oficialmente al Ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia”.
Durante la sesión plenaria del legislativo ecuatoriano, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, que fue la mesa que elaboró el informe rechazado, Juan Fernando Flores, aseguró que el texto aprobado por el pleno asambleario es regresivo en materia de derechos porque obligaría a los periodistas y a la opinión pública a rendir cuentas sobre el ejercicio de la libertad de expresión ante organismos políticos.
Según un comunicado de la Asamblea Nacional, el texto aprobado, procedente del informe de minoría, permite a las personas reclamar ante las autoridades administrativas la eventual violación de sus derechos en un sistema de protección rápida que garantizaría el derecho al honor, a la dignidad y al buen nombre. En el pasado, muchos funcionarios hoy judicializados persiguieron a periodistas por divulgar sus actividades irregulares.
El artículo 12 del texto aprobado establece que “habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, dentro del ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona”. Esto abriría la posibilidad para establecer responsabilidades de tipo penal para personas jurídicas.
El coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, advirtió al pleno que el informe de minoría no cumple con los procedimientos de técnica legislativa por lo cual sería incongruente que en el pleno legislativo apruebe este informe que no ha pasado por la Unidad Técnica Legislativa. Advierte la necesidad de revisar las consecuencias gramaticales del texto aprobado como la ausencia de verbos rectores que permiten delimitar la existencia de una conducta prohibida. Sin este límite, con la eventual vigencia de la nueva ley de comunicación, cualquier exceso estará permitido para la autoridad que controlaría el ejercicio de la actividad periodística.
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