Las protestas en Ecuador, que iniciaron el pasado 13 de junio, han dejado pérdidas millonarias para varios sectores, entre ellos el turístico. Según el ministro de Turismo, Niels Olsen, los más de 15 días de manifestaciones, han dejado pérdidas que sobrepasan los USD 70 millones.
De acuerdo con Olsen, ese monto representa únicamente las cancelaciones de las reservas que se han producido en las últimas dos semanas. Aún no se evalúa las pérdidas de las cancelaciones de las siguientes semanas y meses ni la afectación en la reputación del Ecuador como país turístico para los viajeros internacionales.
Quito ha sido una de las ciudades más afectadas por las manifestaciones, pues los cierres de vía incluso impedían el acceso al aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Según Quito Turismo, las empresas de este sector han reportado pérdidas de alrededor de USD 18 millones. La operación turística tiene pérdidas por USD 11,9 millones, los comercios de alimentos y bebidas por USD 3,5 millones, eventos y reuniones sociales con pérdidas de USD 1,9 millones y los alojamientos con USD 520.000.
La mayoría de las empresas que brindan servicios turísticos, de alimentación, bebida y alojamiento tuvieron que cerrar sus puertas por seguridad, pues los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública han sucedido en el límite entre el centro norte y el centro histórico de Quito, zonas altamente turísticas.
Las alertas sobre la crisis en Ecuador, que advertían de los riesgos a los viajeros internacionales, también afectaron a los empresarios turísticos del país. Quito Turismo determinó que esas publicaciones tuvieron un efecto comercial superior a los USD 10 millones. La información sobre las protestas habría llegado a más de 420 millones de personas, principalmente en Estados Unidos y Europa.
En una entrevista con Radio City, el ministro Olsen indicó que “va a ser muy difícil recuperar las pérdidas de estas dos semanas”, pero anunció que se ejecutarán las acciones necesarias para que el sector turístico no registre más pérdidas. Olsen anunció que este año Ecuador participará en varios eventos internacionales, algunos de gastronomía y de avistamiento de aves.
El ministro también señaló que el gobierno ha brindado asistencia a los turistas que durante estas semanas han arribado a los aeropuertos de Quito y Guayaquil y recalcó que ambas terminales han continuado funcionando a pesar del paro.
El informe de Quito Turismo resalta que son al menos 3.000 los pasajeros nacionales e internacionales que han sido afectados por las manifestaciones. El pasado 21 de junio hubo 15 cancelaciones de vuelos de Estados Unidos, Colombia, o internos a Manta, Cuenca o Guayaquil, según la empresa que administra el aeropuerto de la capital, Quiport,
En el aeropuerto Mariscal Sucre se habilitaron zonas de descanso para los viajeros que por la crisis que enfrenta el país debían permanecer más tiempo dentro de la terminal.
El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata, ha lamentado públicamente que las ganancias obtenidas luego del levantamiento de las medidas que se aplicaron por la pandemia del coronavirus se hayan perdido en estas jornadas de protesta. Según Zapata, en los feriados previos a las manifestaciones hubo un movimiento económico de más de USD 200 millones, pero eso ya se habría perdido.
El sector productivo pide que el paro finalice
Este 29 de junio, en un comunicado conjunto la Cámara de Comercio de Quito, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la Cámara de Industrias y de Producción, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, la Cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha, la Cámara de Agricultura y la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene Doméstica y Absorbentes exigieron que se ponga fin al paro y a los desmanes “que provocan pérdidas humanas y económicas que pagaremos los ecuatorianos más trabajadores y pacíficos del país”.
En su misiva respaldaron la labor de las fuerzas del orden y pidieron al gobierno que haga prevalecer la ley por encima de los cálculos políticos.
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