
El Tribunal de Mayor Riesgo C ordenó que el martes 24 de noviembre la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación coloque a la exvicepresidenta Roxana Baldetti un brazalete electrónico para supervisar su arresto domiciliario en el caso Agua Mágica. La medida se aplicará en su residencia del kilómetro 10,5 de la carretera a El Salvador, después de que Gobernación certificara la cobertura técnica necesaria.
La instalación coincidirá con la continuación de un juicio de extinción de dominio sobre bienes vinculados a la exfuncionaria. Un día después, una jueza escuchará su solicitud para aceptar cargos en el expediente Cooptación del Estado, una causa por la que continúa en prisión preventiva y no puede acceder a medidas sustitutivas.
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La decisión sobre el dispositivo consta en una notificación fechada el 19 de noviembre y firmada por la presidenta del tribunal, la jueza Rosa Carolina González García. La resolución se basó en un dictamen favorable de disponibilidad y factibilidad técnica elaborado por la Unidad de Control Telemático.

La condena por la fórmula para el lago de Amatitlán
El tribunal había autorizado el uso del mecanismo de vigilancia el 5 de noviembre, cuando recibió el informe técnico de Gobernación. Cinco días más tarde, el abogado defensor Melkin Escobar confirmó que la defensa había sido notificada, aunque aún no existía una fecha para colocar el dispositivo.
El arresto domiciliario está vinculado al caso Agua Mágica, por el que Baldetti fue condenada en octubre de 2018 a 15 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. La investigación se originó en la compra de una fórmula que, según la acusación, serviría para limpiar el lago de Amatitlán.
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La defensa impugnó el fallo, pero la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la condena en enero de 2024. Esa misma sala concedió posteriormente el arresto domiciliario por razones humanitarias, una condición que ahora será controlada a distancia.
El caso Cooptación del Estado mantuvo abierto un conflicto paralelo sobre su situación de detención. El juez Eduardo Orozco había dispuesto el 4 de noviembre que Baldetti regresara a la cárcel preventiva para mujeres Santa Teresa, en la zona 18, al considerar vencido el plazo de 60 días que se le otorgó para seguir un tratamiento médico fuera del centro.
El Ministerio Público sostuvo entonces que la exvicepresidenta no había asistido a las citas médicas programadas y solicitó que se presentara personalmente a las audiencias. La orden no se ejecutó porque el Sistema Penitenciario no tenía una ambulancia disponible para trasladarla.
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Cinco días después, ni Baldetti ni Escobar comparecieron a una audiencia prevista, por lo que el juez decidió aplazarla. El 19 de noviembre, la exfuncionaria recibió atención en el Hospital General San Juan de Dios.
La audiencia por aceptación de cargos y los bienes bajo disputa
De acuerdo con reportes de medios de comunicación en Guatemala, la jueza Abelina Cruz Toscano, quien reemplaza temporalmente a Orozco durante sus vacaciones hasta el 26 de noviembre, dejó sin efecto la orden de ingreso a Santa Teresa y dispuso su traslado al hospital. Tras recibir atención médica, Baldetti regresó a su domicilio bajo custodia del Sistema Penitenciario.
El hospital no divulgó información sobre su estado clínico por razones de confidencialidad. La defensa había alegado que su representada padece una afección grave que le impide movilizarse, sin precisar el diagnóstico.
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Durante una audiencia previa, Baldetti afirmó que lleva 11 años en prisión preventiva y que sufre una enfermedad sin cura, con un deterioro físico progresivo. Cruz Toscano adelantó además del 27 al 25 de noviembre la audiencia en la que se tratará su pedido para aceptar cargos en Cooptación del Estado.
En el juicio de extinción de dominio, el Ministerio Público presentó en septiembre 290 medios de prueba para solicitar que 11 bienes asociados a Baldetti pasen a manos del Estado. La Fiscalía y la defensa deberán presentar sus conclusiones antes de que el juez resuelva el destino de los activos.
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Los procedimientos incluyen dos inmuebles, un automóvil, una moto acuática y 11 cuentas bancarias en quetzales y dólares, además de otras 12 cuentas con fondos superiores a Q6 millones. También existen procesos anteriores de extinción de dominio relacionados con fincas, helicópteros y empresas que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para operaciones irregulares durante su vicepresidencia, entre 2012 y 2015.
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