La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares al dirigente opositor nicaragüense Yubrank Suazo, quien fue detenido por segunda ocasión en mayo pasado y acusado de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Las medidas de la CIDH fueron extendidas por “considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, indicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), institución que recibió la notificación en Nicaragua.
En su resolución, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal” de Suazo, quien en 2018 leyó una proclama en la que declaraba a la ciudad de Masaya (Pacífico) “territorio libre del dictador”, en referencia al jefe del régimen Daniel Ortega, tras lo cual fue arrestado y liberado un año después por una amnistía.
La CIDH también recordó que el Estado de Nicaragua debe “asegurar que sus agentes respeten sus derechos humanos bajo los estándares internacionales”, que su situación se pueda “verificar”, “facilite el acceso” de Suazo a sus representantes legales y familiares e informe del seguimiento a las medias cautelares.
Al igual que con otras medidas cautelares que han beneficiado a decenas de nicaragüenses desde abril de 2018, cuando estalló una crisis sociopolítica, el régimen de Nicaragua no reaccionó a la resolución de la CIDH, que carece de fuerza vinculante.
Suazo, de 31 años, se encuentra recluido en una celda desde el 18 de mayo pasado bajo régimen de prisión preventiva.
El líder opositor fue capturado luego de denunciar que la Policía Nacional supuestamente estaba impidiendo el ingreso de los creyentes católicos a una parroquia de Masaya.
Suazo forma parte de un grupo de 68 nicaragüenses que fueron detenidos desde 2021 en el marco del contexto electoral, entre los que se encuentran líderes opositores, estudiantiles, campesinos, periodistas y profesionales independientes, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia.
De ese grupo, al menos 57 han sido condenados a penas entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como “traición a la patria”, de los cuales 9 se encuentran bajo arresto domiciliario.
El dictador Ortega ha tildado a los opositores encarcelados, juzgados y condenados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de EFE)
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