Luego de recibir una sanción de tres años de prisión, según lo determinado en la sentencia en contra de Freddy Carrión, ex Defensor del Pueblo y autor directo del delito de abuso sexual, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador dictaminó además el desembolso de una indemnización de USD 21.560 como pago integral a la víctima.
Además de la pena de encierro por un delito de carácter sexual cometido entre la noche del 15 de mayo hasta la madrugada del 16 de mayo, en una reunión celebrada en el domicilio del exsecretario de Estado en contra la pareja sentimental del exsecretario de Salud Mauro Falconi, el ex ombudsman del Ecuador deberá indemnizar a la víctima, pedirle disculpas y abstenerse de ocupar cargos públicos.
Este 11 de noviembre, los jueces que integraron el tribunal notificaron su veredicto por escrito, documento que amplía la resolución del caso que fuera expedida de forma oral el 20 de octubre pasado. La resolución establece que, una vez ejecutoriado el laudo, Carrión deberá pagar la cantidad especificada. El documento aclaró que el monto definido corresponde al tratamiento psiquiátrico ocasionado por la infracción penal y que fuera determinada por expertos en la materia, convocados a comparecer al juicio.
El exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, alegó en su defensa haber sido narcotizado en contra de su voluntad durante la reunión que mantuvo en mayo pasado en la casa del exministro de Salud. También testificó que la exministra de Gobierno, María Paula Romo, y la fiscal general, Diana Salazar, organizaron una conjura para deponerlo de su cargo por haber interpuesto una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra del entonces presidente de la República, Lenín Moreno. Carrión se refiere al informe sobre los hechos violentos en las protestas de octubre del 2019, que elaboró una Comisión de la Verdad integrada por la Defensoría del Pueblo.
Además del pago de la indemnización y los años de encierro, el ex ombudsman deberá ofrecer disculpas a la víctima en una audiencia reservada que será convocada en la fase de ejecución del fallo, pagar una multa de diez salarios básicos unificados que en Ecuador suman USD 40.000 y la perdida temporal de sus derechos políticos, que será notificada ante el Consejo Nacional Electoral.
Carrión recibió esta condena pese a que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal que se le imponga la pena máxima para estos casos según los agravantes que explicó durante la fase de juicio. Salazar pidió para Carrión cumpliera siete años de privación de libertad.
Tras el veredicto oral, la defensa de Carrión anunció de inmediato que apelaría la decisión adoptada por unanimidad al interior del Tribunal de Juzgamiento. Ahora que la sentencia ha sido notificada por escrito, el primer paso antes de la apelación será pedir aclaraciones sobre los detalles de la sentencia escrita.
Finalmente, el tribunal ordenó a la Fiscalía General continuar investigando la posible comisión de delitos de corrupción por los USD 46.570 hallados en el departamento del exministro Falconi y que oportunamente el exfuncionario no justificara su procedencia.
El dinero se utilizará como prueba para investigaciones previas que se encuentran en marcha sobre delitos que pusieron en peligro la eficiencia de la administración pública en algunos contratos de adquisición de pruebas rápidas COVID-19 bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, órgano público que se encuentra dentro del margen de responsabilidades de los ministros de salud.
El 15 de septiembre finalizó el proceso de acusación legislativa contra Carrión lo que devino en su censura y destitución, ratificada durante la sesión plenaria y por los 75 votos que resolvieron su remoción.
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