El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es investigado en su país por los Pandora Papers. La investigación basada en la filtración de casi 12 millones de documentos confidenciales de 14 estudios de abogados especializados en la creación de sociedades y fideicomisos offshore en paraísos fiscales, como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros, reveló que Guillermo Lasso se deshizo de entidades offshore antes de ser candidato. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el mandatario disolvió entidades en Panamá y en su reemplazo se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur, en Estados Unidos, a finales de 2017.
Por ello, una comisión del Congreso ecuatoriano y la Contraloría General del Estado investigan los nexos entre Lasso y algunas empresas offshore, el objetivo de las investigaciones es determinar si el presidente incumplió la ley ecuatoriana al inscribir su candidatura. Desde el 2017, en Ecuador se prohíbe que los funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular mantengan activos o propiedades en paraísos fiscales de forma directa o indirecta.
En el Congreso, la comisión de Garantías Constitucionales presentó un informe donde aseguran que “el Presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social, y vergüenza colectiva, lo que provocaría un escenario de conmoción social, porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y posibilita la anomia de las instituciones”.
La comisión conformada mayoritariamente por legisladores correistas y del partido indígena, habrían encontrado “que el presidente Guillermo Lasso es accionista mayoritario del Grupo Económico Banco de Guayaquil- Corporación MULTIBG S.A. y que, por este motivo, todas las decisiones que ha tomado el grupo en materia de inversiones nacionales, internacionales, creación de off shore en paraísos fiscales, creación de fideicomisos en off shore deben contar, necesariamente, con el aval, consentimiento y aprobación del presidente Guillermo Lasso para ser legales y vinculantes”.
Mientras tanto, la Contraloría General del Estado realiza dos exámenes especiales con relación a las revelaciones de los Papeles de Pandora. El 11 de octubre, la institución de control empezó con el primer examen. En este se revisará la declaración patrimonial presentada por Guillermo Lasso antes de asumir la Presidencia y se verificará que está incluya todos los bienes de propiedad suya y de la primera dama, María de Lourdes Alcívar. Esta primera investigación estará lista el 25 de noviembre de 2021.
El segundo examen, que empezó el 13 de octubre y estará listo el 13 de diciembre, tiene por objetivo determinar si el presidente es propietario de bienes o capitales –bajo su nombre propio o mediante sociedades en las que participe como accionista, socio, constituyente o beneficiario– en paraísos fiscales.
Ante ello, el presidente Guillermo Lasso ha presentado, según informó el departamento de prensa del gobierno, “toda la documentación certificada a la Contraloría General del Estado” que comprobaría que el mandatario no incumplió con la legislación ecuatoriana. Entre los documentos entregados estarían certificados apostillados y traducidos emitidos por Trident Trust Company que confirmarían que Lasso no tiene ninguna relación con el Banco Banisi y los fideicomisos Bretten Trust y Liberty Trust.
Los documentos fueron entregados junto con una carta dirigida a Verónica Cargua, jefe del equipo de la Contraloría que lleva a cabo la investigación. En la misiva, Lasso resaltó que “es impresentable que la Comisión (de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad) presidida por el asambleísta (José) Cabascango se haya permitido afirmar, sin prueba alguna, que yo al inscribir mi candidatura presidencial, habría estado incurso en la prohibición”.
También Lasso se refirió al informe emitido por la comisión del Congreso y escribió que “se trata de mera hojarasca discursiva, cuya única finalidad fue dar apariencia de legitimidad a la falsa tesis del supuesto incumplimiento, de mi parte (...) con el pretexto de una también supuesta “seria conmoción social””.
El Presidente en su carta indicó que esta entrega de información es “un ejercicio de total transparencia con la ciudadanía y con la Contraloría General del Estado, pues nada tengo que ocultar”.
Además de la Contraloría, la Fiscalía General del Estado también ha iniciado una investigación en contra del presidente Guillermo Lasso para determinar si ha incurrido en una defraudación tributaria.
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