Amnistía Internacional denunció los cinco motivos por los que las elecciones en Nicaragua no garantizaron los derechos humanos

Este domingo se desarrollaron en Nicaragua las polémicas elecciones presidenciales organizadas por el dictador Daniel Ortega, quien busca un cuarto mandato consecutivo en un contexto de censura y persecución contra la oposición. Amnistía Internacional (AI) divulgó un comunicado en el que expuso las cinco razones por las que no están garantizados los derechos humanos en unos comicios considerados de antemano “fraudulentos” por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

La organización de derechos humanos denunció que las elecciones de este domingo se llevaron a cabo en medio de “detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; falta de independencia judicial y violaciones al derecho de acceso a la justicia; violaciones a la libertad de expresión y de prensa; violaciones a los derechos políticos; y falta de garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica”.

Amnistía Internacional recordó que desde el 28 de mayo de 2021, el régimen de Ortega detuvo a 39 personas “identificadas como opositoras al gobierno”. Entre ellas, “candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas”.

Algunos de ellos estuvieron en situación de desaparición forzada “por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero”. “Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, la cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante”.

En ese sentido, AI instó a la dictadura de Ortega a terminar con esas prácticas abusivas y a “poner en libertad de manera inmediata a todas las personas detenidas injustamente”.

Respecto a la falta de independencia judicial, la organización calificó de “arbitrarios” los procesos judiciales abiertos contra los opositores detenidos: “Las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección”.

“La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección”, agrega el informe.

Amnistía Internacional recuerda al régimen de Ortega que el Estado “debe garantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional”.

Con relación a la persecución contra activistas por los derechos humanos, periodistas independientes, y personas percibidas como opositoras al Gobierno, la organización internacional reiteró su rechazo a las dos leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (“Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y “La Ley Especial de Ciberdelitos”) “que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación”.

En medio de su campaña represiva, entre julio y agosto de este año, la dictadura ordenó el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas.

Amnistía llamó a las autoridades sandinistas a detener el “hostigamiento, estigmatización y criminalización” de activistas, periodistas y “personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado”.

El comunicado, que también estuvo firmado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Human Rights Watch, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, People in Need, la Red Internacional de Derechos Humanos, y Women’s Link Worldwide, remarca la falta de competencia electoral a raíz de las detenciones arbitrarias y enjuiciamientos de opositores y candidatos presidenciales. “El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación”.

Por último, Amnistía Internacional recordó el “uso excesivo y desproporcionado” de la fuerza con el que los agentes de seguridad respondieron a las manifestaciones pacíficas del año 2018: “De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales”.

En este contexto se desarrollaron las elecciones de este domingo, cuyo resultado está determinado de antemano.

Pero el régimen permanece desafiante ante las denuncias de fraude y las exigencias de organismos internacionales como Amnistía Internacional. El ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, afirmó este domingo que Ortega no teme a que la comunidad internacional desconozca las elecciones generales de este domingo.

“No vamos a intimidarnos con sus amenazas, con sus medidas unilaterales, con sus sanciones, con sus amenazas de desconocimiento de elecciones”, declaró el canciller Moncada en referencia a la comunidad internacional, principalmente a Estados Unidos y la Unión Europea (UE), tras depositar su voto.

Seguir leyendo: