Tras 14 años de gobierno, Daniel Ortega realiza su farsa electoral para seguir en el poder

Nicaragua se enfrenta hoy a “las peores elecciones posibles” que vaticinó en junio pasado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Con siete de los posibles candidatos presos, tres de sus principales partidos proscritos, y con 159 presos políticos, la oposición dice estar excluida de este proceso electoral y ha llamado a la ciudadanía a abstenerse de participar en lo que llaman “una farsa” y a los nicaragüenses en el exilio a marchar hoy en al menos 38 ciudades del mundo para exigir a la comunidad internacional desconocer sus resultados.

El Consejo Supremo Electoral, por su parte, ha llamado a votar este domingo a 4,5 millones de nicaragüenses en 13.500 puestos de votación que se han dispuesto en todo el país, por cualquiera de las siete opciones que ofrece la boleta electoral. Seis de las opciones ofrecen candidatos a la presidencia y vicepresidencia, y una, Yatama, por ser un partido regional, solo diputados en su región.

Sin embargo, la competencia que el gobernante partido Frente Sandinista ha permitido son partidos muy pequeños, prácticamente desconocidos, y generalmente con tradición de aliados del régimen de Daniel Ortega. Los nicaragüenses, popularmente llaman “zancudos” a los partidos colaboracionistas, porque son aliados del partido en el poder y en elecciones simulan ser su competencia.

Boleta electoral

Las opciones electorales que ofrece la boleta este domingo son:

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es la principal fuerza política organizada de Nicaragua y el partido gobernante. Tiene 71 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional y su presiente y vicepresidente es el matrimonio compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta sería la tercera reelección y cuarto periodo consecutivo de Ortega, quien ha logrado mantenerse en el poder burlando prohibiciones constitucionales y ejecutando fraudes electorales. Es el seguro ganador de las próximas elecciones, más por el control de todo el aparato electoral y la eliminación de la oposición real, que por las simpatías que despierta entre la población nicaragüense. La última encuesta de Cid Gallup pronostica que en unas elecciones libres el candidato de la oposición obtendría un 65 por ciento de los votos y Ortega solo el 17 por ciento.

Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Gobernó Nicaragua de 1997 a 2007, cuando se colocó como la principal fuerza política del país. Sin embargo, su líder, Arnoldo Alemán, pactó con el Frente Sandinista la repartición del Estado en 1998 y este hecho le trajo desprestigio y casi lo llevó a desaparecer. Para las elecciones de 2011, el PLC era un partido disminuido. Solo obtuvo el 5.9 por ciento de los votos, que le permitieron dos curules en la Asamblea Nacional.

Alianza por la República (APRE). Es un micropartido fundado en 2004. Ha sido señalado de utilizar a miembros del Frente Sandinista para llenar sus listas de candidatos, miembros electorales que le corresponden y fiscales. En las elecciones de 2016, el APRE logró el 1,4 por ciento de los votos, lo justo para conseguir un diputado.

Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Es un partido fundado en 1999 por disidentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Fue el segundo partido más votado en las elecciones de 2006 que ganó el Frente Sandinista y le permitieron a Daniel Ortega regresar al poder. Su líder en ese momento era el liberal Eduardo Montealegre. Tiene actualmente un solo diputado.

Partido Liberal Independiente (PLI). Es uno de los partidos más antiguos de Nicaragua. Fundado en 1944, en 2011 se colocó como la segunda fuerza política de Nicaragua, pero, para la campaña electoral de 2016, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le entregó la representación legal a un desconocido político de nombre Pedro Reyes, quien con apoyo de la autoridad electoral y del Parlamento destituyó a los 28 diputados que entonces tenía el PLI. De esta forma la segunda fuerza quedó anulada y el PLI logró en las elecciones de ese año solo el 4,5 por ciento de los votos. Tiene dos diputados.

Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). Es un partido político de inspiración cristiana protestante. Fue fundado en 1995 y sorprendió en las elecciones de 1996 al obtener 4,1 por ciento que lo colocó en el tercer lugar en esos comicios. Su presencia se debilitó en las siguientes elecciones. Su líder, el pastor evangélico Guillermo Osorno rechaza que se le llame “zancudo” o “satélite”, aunque en las dos últimas elecciones generales ha sido aliado del Frente Sandinista.

Yatama. El partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) o “Hijos de la madre tierra” en lengua miskita, es una agrupación política regional de la Costa Caribe que también ha sido aliado del Frente Sandinista en procesos electorales pasados. Por su característica de partido regional, Yatama solo inscribió a candidatos a diputados para las elecciones de noviembre próximo.

Trampas electorales

Además de escoger a sus rivales, el régimen de Daniel Ortega minó todo el proceso electoral con trampas que eliminan a la oposición real y aseguran su victoria. Estas son las principales trampas denunciadas por la oposición y organismos nacionales e internacionales.

Candidatos opositores presos. Daniel Ortega envió a prisión a todos los candidatos que podían ganarle, según las últimas encuestas de Cid Gallup. La primera candidata detenida fue Cristiana Chamorro Barrios, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Chamorro Barrios era la personalidad opositora que más simpatías despertaba entre los nicaragüenses. Otras seis personalidades que pretendían ser candidatos opositores fueron igualmente apresadas en este orden y continúan en las cárceles: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Leyes restrictivas. Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, el régimen de Ortega aprobó un combo de leyes en la Asamblea Nacional que, según la oposición, son represivas contra las libertades públicas y “anulan la competencia política para los comicios generales de 2021″. Este combo de leyes es el que ha usado el régimen para encarcelar y mantener aislados a 38 líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, desde el 28 de mayo pasado, incluyendo a los siete posibles candidatos presidenciales de la oposición.

Tribunal electoral leal. “La autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia. Las y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) electos por la Asamblea Nacional en mayo de 2021 (7 propietarios y 3 suplentes) o son militantes del FSLN o bien son señalados como colaboracionistas con el partido de gobierno”, denunció el organismo Urnas Abiertas.

Oposición inhibida. Tres partidos políticos fueron inhibidos de participar en las elecciones de este domingo, después que mostraron disposición de servir de “vehículo” a la oposición que no tiene partido. El Consejo Supremo Electoral anuló las personalidades jurídicas del Partido de Restauración Democrática (PRD), Partido Conservador, y Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Control policial. La última reforma a la ley electoral otorga facultades a la Policía Nacional para autorizar o prohibir manifestaciones durante la campaña electoral. “La Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral coordinarán con las instancias correspondientes, para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean partidarias no interfieran con la campaña electoral”, dice que la nueva disposición.

Sin observación electoral. El mismo 4 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Electoral que, entre otras cosas, anulan la observación electoral. La Ley Electoral reformada contempla solo la figura de “acompañamiento electoral”. Este sábado se anununció la presencia de unos 232 acompañantes electorales, todos provenientes de organismos y países amigos del régimen de Ortega.

Urnas Abiertas, un organismo ciudadano de composición multidisciplinaria que monitorea las elecciones en Nicaragua, aseguró este sábado que en lo que va del año han registrado un total de 1,656 hechos de violencia vinculados al contexto electoral. “Durante el mes de octubre de 2021 se observó un incremento de violencia política, a través de asedios focalizados, hostigamiento, citatorias y amenazas. Esto reafirma la ausencia de condiciones y la supresión de libertades a puertas de las votaciones”, señaló en su último informe.

“De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones”, indicó el organismo de observación electoral no oficial.

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