Se considera embarazo infantil cuando la niña o adolescente tiene 14 años o menos. Es un caso de vulneración de derechos, tanto sexuales como humanos, que continúa presente en Uruguay. Las características de este fenómeno son muy específicas.
Los casos de embarazo infantil en Uruguay venían disminuyendo año a año desde el 2013 (a excepción de un pico leve en 2019). Sin embargo, eso significa que en los últimos cinco años, 431 niñas de 14 años o menos tuvieron una hija o un hijo.
Aunque “sea una niña o sean 1.000 (…) está siendo afectadas de una manera profunda y es para siempre”, dijo Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, citada por La Diaria.
La organización se dedicó a monitorear el fenómeno y la semana pasada hizo público un informe que se basa en datos de 2019 y 2020 sobre nacimientos y abortos legales. Publicó “Niñas, no madres: unir las piezas de la violencia sexual” y allí plantea el estado actual de la temática embarazo infantil en Uruguay. También hace referencia a cifras sobre situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
Durante la presentación del informe, Chabeneau dijo que este problema, además de poner en juego la salud física de las niñas, afecta sus emociones, sus procesos educativos y, posiblemente, sus posibilidades de inserción en el mercado laboral durante la adultez.
Este tipo de fenómenos suele ocultar desigualdades económicas, de género, sociales. Vinculado a ello, estas situaciones, por lo general, se presentan en ámbitos de abuso sexual prolongados o matrimonios forzados.
De hecho, según el informe, el Ministerio de Salud Pública en Uruguay reveló que el 86% de los embarazos infantiles no son intencionales.
“La evidencia nos muestra, y en general esto se replica en nuestra región, que las situaciones de embarazo infantil están vinculadas o le anteceden situaciones de violencia sexual. Estamos hablando de abuso y en algunos casos también de explotación sexual de niñas”, dijo Chabeneau, según La Diaria.
Agregó que “hay una vinculación muy fuerte de estas situaciones con matrimonios forzados, donde hay una distancia muy importante entre la edad de la niña y la pareja sexual. En algunos casos, podrá ser un abusador proveniente del ámbito de la familia”
Las características
Una de las conclusiones que arroja el informe, validada por los datos presentados, es que el 65% de los casos de embarazo infantil se ubican en el interior del país. El otro 35% sucede en Montevideo, la capital.
En esa línea, los datos del Ministerio muestran que un 77% de las embarazadas adultas acude a una consulta médica en los primeros tres meses de embarazo. El porcentaje disminuye con las adolescentes, entre las cuales solo asiste un 62% a la primera consulta en ese período. Con las niñas la cifra baja a 49%. Esta cifra baja aún más cuando hablamos de las niñas del interior del país.
El problema con esto es que la detección tardía de embarazos, por parte del sistema del salud, es un riesgo tanto para el feto como para la niña. Además, el acceder a un sistema de salud en esa etapa del embarazo permite el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo, pero también a ecografías que podrían anticipar malformaciones y trisomías.
Amnistía Internacional advirtió que el embarazo infantil es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que, por lo general, implica violencia de género, violencia infantil y violencia sexual en un largo plazo. Es decir, niñas que sufren de abusos reiteradas veces durante su crecimiento.
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