
Jorge Quiroz, abogado de la ex presidenta boliviana Jeanine Áñez, advirtió que la vida de Áñez “corre peligro” estando bajo custodia de las autoridades. Áñez está acusada de genocidio por la muerte de manifestantes favorables a Evo Morales durante su mandato.
“No se entiende, en la condición de salud que ella tiene, que se la ve bastante desmejorada, que es de conocimiento público, teniendo hipertensión arterial se la suba a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar”, afirmó en relación al traslado de Áñez a un centro médico.
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“¿Cuál es la intención del Gobierno? Definitivamente, en estos momentos la vida de Jeanine Añez en manos del Gobierno corre peligro”, ha declarado Quiroz en declaraciones a la agencia de noticias boliviana ANF.
Para Quiroz, el Gobierno con ese trato aparentemente busca su “deceso” para encubrir las acciones del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales desde las elecciones de 2019. Áñez sería así víctima de una “persecución política bastante dañina y perjudicial”.
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El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció el viernes que había presentado un requerimiento para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Áñez por los presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte por los hechos de Sacaba y Senkata, registrados en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
El anuncio tiene lugar días después de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que halló violaciones a los Derechos Humanos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, especialmente ejecuciones extrajudiciales en las masacres de Sacaba y Senkata bajo el paraguas de un decreto que exoneraba de responsabilidad a las fuerzas de seguridad encargadas de “restablecer el orden” dictado por Áñez.
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Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes de Sacaba y Senkata, localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de “masacres”.
Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y ahora también de genocidio por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.
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(Con información de Europa Press)
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