El Congreso de Estados Unidos impulsa una ofensiva legislativa contra el régimen de Nicaragua, orientando el foco hacia las finanzas. La reciente introducción en el Senado de la ley para la restauración de la justicia electoral y los derechos de la oposición a través de la rendición de cuentas de Nicaragua, conocida por sus siglas en inglés como REFORMAR, marca un endurecimiento de las sanciones económicas, extendiendo el alcance al sector del oro y al Instituto de Previsión Militar del Ejército (IPSM). Así lo explicó el economista Juan Sebastián Chamorro, quien destacó el carácter bipartidista y el alcance ampliado de la iniciativa.
La propuesta, presentada por los senadores Ted Cruz y Tim Kaine, busca reactivar y actualizar herramientas ya utilizadas en el pasado reciente. Según el análisis de Chamorro, la REFORMAR “reactiva la ley NICA Act del 2018, que expiró en 2023 y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035, sujeta a una terminación anticipada si el presidente de Estados Unidos certifica que se han cumplido determinadas condiciones democráticas, como la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas y observadas”.
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La norma, según el economista, llena el vacío legal generado por la expiración de la NICA Act y refuerza la presión internacional sobre Managua.
El proyecto permite sancionar a cualquier individuo o empresa en el sector del oro y podría extenderse a otros sectores económicos, subrayó Chamorro. (Cortesía: Juan Sebastián Chamorro)
Propuesta de EE. UU. fortalece sanciones y vigilancia sobre sectores económicos del régimen
En la exposición de motivos, la iniciativa del Congreso estadounidense documenta “las violaciones de derechos, como el encarcelamiento de opositores, la corrupción sistemática del régimen, el fin del Estado de Derecho, el arresto de los candidatos presidenciales en 2021, el cierre de ONG y la persecución religiosa, entre otros abusos”, detalló Chamorro.
El texto prevé que las sanciones puedan alcanzar a cualquier individuo o empresa que opere en el sector del oro, sin necesidad de demostrar previamente su vinculación con violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. “El proyecto de ley, y esto es lo más importante, permitirá extender esta facultad a cualquier otro sector de la economía”, enfatizó el economista exiliado.
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La REFORMAR dota al Secretario de Estado y al Departamento del Tesoro de nuevas atribuciones. Ambos podrán identificar cualquier otro sector económico para la imposición de sanciones, lo que amplía el margen de maniobra del Ejecutivo. La lista de conductas sancionables también se amplía e incluye la “persecución por el ejercicio de la libertad religiosa, las condenas por motivos políticos contra actores democráticos, miembros de la sociedad civil o de organizaciones independientes y la provisión de apoyos significativos relacionados con Rusia e Irán”.
En palabras de Chamorro, “el Instituto de Previsión Militar, el sistema de seguridad social del ejército, se incorpora en esta nueva ley expresamente en la lista de objetivos prioritarios para la imposición de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica de las fuerzas armadas. Esto es claramente un mensaje al ejército”. Así, la estructura financiera de las Fuerzas Armadas nicaragüenses queda bajo la supervisión y potencial sanción directa de Estados Unidos.
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La ley también prevé nuevos mecanismos de supervisión y exige informes periódicos del Ejecutivo sobre la implementación y eficacia de las sanciones. Este seguimiento incluye “una evaluación de las condiciones necesarias para una transición democrática en Nicaragua”, puntualizó Chamorro.
“La ley viene a fortalecer, desde el punto de vista del Congreso, con una iniciativa bipartidista, todas las acciones que el Ejecutivo decida tomar en un futuro cercano”, indicó Chamorro.
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