Este miércoles, la Comisión de Constitución del parlamento chileno vivirá una jornada clave ya que votará el proyecto que busca indultar a los detenidos originados por el estallido social chileno, ocurrido en octubre del 2019.
El proyecto contempla a los aprehendidos por delitos tipificados como daños o desórdenes públicos.
El polémico proyecto ya fue aprobado en la comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública del Parlamento, mientras que la Convención Constitucional discutirá este jueves una declaración conjunta sobre los detenidos en las protestas comenzadas durante el 18 de octubre del 2019.
“Como comisión de Constitución comenzaremos el debate del proyecto de ley que permite un indulto general a los presos de la revuelta. En este sentido, la sesión del día miércoles se contempla escuchar a los autores de la moción, así como también al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia”, indicó el presidente de la comisión, el senador Pedro Araya al canal 24 Horas.
Sin embargo, a pesar de la voluntad política de las distintas comisiones para debatir este tema, por parte del Gobierno no existe ningún espacio para el diálogo pues ha manifestado desde un inicio su rechazo a la moción, e incluso han negado la existencia de presos políticos tras el estallido social.
“En Chile no existen presos políticos, nadie está privado de libertad por sus ideas”, comentó el lunes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.
Sobre esto mismo, el ministro Ossa destacó que estas personas “están privados de libertad porque el Poder Judicial ha estimado porque han cometido graves delitos contra la propiedad, se ha atentado contra la vida de algunas personas, se ha generado daño, delitos de incendio y saqueos”.
Cifras de detenidos y otras polémicas
La calificación de“presos políticos” y las distintas cifras que se manejan alrededor de estos han sido sinónimo de conflicto entre el Gobierno, la fiscalía chilena y las organizaciones sociales en estos últimos meses.
De acuerdo a los antecedentes entregados por la fiscalía chilena durante este martes 6 de julio, cerca de 3.900 personas han sido condenadas por delitos efectuados en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019.
Además, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 ingresaron 41.075 casos relacionados a delitos de daños, robos, desórdenes, ley de control de armas, entre otros.
Sin embargo, el punto de conflicto tiene que ver hoy con el número de detenidos que se mantienen desde el inicio de las protestas en Chile hasta hoy, quienes en su mayoría están privados de libertad bajo la prisión preventiva.
El 17 de junio de este año, distintas organizaciones sociales se reunieron en Santiago para recalcar que serían 200 los presos que se mantienen privados de libertad desde el inicio de las protestas en Chile.
Esa información se contradice por la que entregó el 31 de mayo de este año la fiscalía nacional, de que serían solo 25 detenidos los que continuarían en prisión preventiva desde el estallido social chileno. El Ministerio Público recopiló esta información entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, y el listado abarca delitos relacionados con las protestas en distintas regiones del país. Además, en algunos casos se agregó el tráfico de drogas.
En tanto, el Poder Judicial chileno comunicó el 5 de enero del 2021 que solo serían 26 los detenidos, desmintiendo a la entonces presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, quien destacó en su momento que serían “casi 800 personas detenidas”.
La senadora Muñoz dio a conocer sus cifras el pasado 17 de diciembre del año pasado, en medio de una entrevista radial cuando recién se había presentado un proyecto de indulto en conjunto con los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro, en favor de los detenidos por distintos delitos cometidos en el contexto de las protestas.
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