El Congreso de Bolivia aprobó este sábado el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la convocatoria y realización de nuevas elecciones generales en el país, por lo que ya ha sido remitida a la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, que la promulgará este domingo a las 10.00 horas (hora local).
“No habiendo mayores consideraciones, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, ha precisado el presidente de la Cámara, Sergio Choque, al término de la sesión, ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.
Previamente, la ley, que consta de de 24 artículos y cinco disposiciones finales, ha sido aprobada por el Senado de Bolivia de forma unánime.
El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Ciro Zabala, parte de la Comisión de Constitución en el Senado que presentó el anteproyecto, ha destacado la relevancia de esta norma.
“La Ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros”, ha apuntado Zabala en su intervención en el pleno, según recoge la agencia de noticias boliviana Fides.
El texto salió del Senado con la unanimidad entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición integrada por Unidad Demócrata, la formación por la que era senadora Áñez antes de asumir el poder, y el Partido Demócrata Cristiano.
El MAS, con mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, y la oposición se han conjurado para que la ley contente a todos con tal de iniciar cuanto antes el proceso hacia unos nuevos comicios.
Todo transcurría con esa voluntad de consenso cuando de repente una senadora del MAS, Sonia Chiri, presentaba por sorpresa una propuesta para que sean inmunes a las leyes Evo Morales, todos las autoridades que nombró y quienes se manifestaron a su favor en este más de un mes de conflicto en Bolivia.
La senadora quechua, una comunicadora social conocida por programas culturales para comunidades indígenas, denuncia la “vulnerabilidad” en que se encuentran todos ellos y sus familias, por lo que “requiere de acciones inmediatas del Estado” para protegerlos.
La iniciativa surge un día después de que el Gobierno provisional de Áñez denunciara ante la Fiscalía a Morales y el que fuera su ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido, acusándolos de terrorismo y sedición por supuestamente instar a actos violentos en Bolivia.
“No voy a promulgar esa ley”, advertía la presidenta interina, de forma contundente desde el palacio de Gobierno poco después de que Chiri presentara su proyecto de ley en el vecino Parlamento.
Esta ley “de la impunidad no debe ser aprobada” porque su Ejecutivo provisional “no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico”, solo a “aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley y ha cometido abusos”, sentenciaba.
“No vamos a participar escribiendo una historia de infamia”, exclamaba categórica Áñez en un breve discurso a la nación.
La fecha de celebración de las elecciones quedará en manos del nuevo Tribunal Supremo Electoral, que deberá elaborar un calendario electoral del que además dependerá si se amplía o no el mandato transitorio de la Áñez, según el proyecto de ley, ha precisado ‘El deber’.
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmara “irregularidades” en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, cuyos resultados oficiales le concedían un cuarto mandato.
Días después llegó a México, donde se encuentra en calidad de asilado político. El antiguo inquilino del Palacio Quemado denuncia que ha sido víctima de un “golpe de Estado” y, en consecuencia, no reconoce a su sucesora interina, Áñez.
En este mes de protestas, más de 20 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas. La gran conflictividad en El Alto ha impedido abastecer de combustible La Paz, lo cual ha generado escasez de productos básicos, incluidos alimentos.
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