La Fiscalía de Ecuador procesó por presuntos delitos penales al menos a ocho personas en el marco de las protestas que se han desatado en las principales ciudades contra el último paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno de Lenín Moreno.
El Ministerio Público informó en un comunicado de que siete de estos casos corresponden a personas detenidas el miércoles en Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador. Cuatro de ellas han sido procesadas por robo, mientras que las tres restantes han sido acusadas de paralizar servicios públicos.
La lista se completa con una octava persona arrestada en la localidad de Los Ríos y acusada de bloquear una vía, según el balance oficial, que previsiblemente aumentará en las próximas horas tras los incidentes registrados durante la jornada del jueves y la declaración formal del estado de excepción en todo el país sudamericano. La Policía ha confirmado un total de 19 detenidos, pero las informaciones de los medios dan cuenta de entre 200 y 300.
Moreno decretó el estado de excepción para frenar el caos que han generado unas protestas lideradas por el sector del transporte y a las que se han sumado también otros colectivos. Los manifestantes reclaman la retirada del último paquete de reformas económicas, que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalizacion de precios.
Las movilizaciones han provocado cortes de calles y paralización en nudos de transporte, así como escenas de violencia que han afectado incluso a las actividades de la Cruz Roja ecuatoriana.
La organización ha rechazado estas “agresiones” y ha recordado su condición de “neutral, imparcial e independiente”. “En Cruz Roja ecuatoriana nos dedicamos únicamente a socorrer a las personas”, ha esgrimido, en una batería de mensajes en los que ha recordado que en las ambulancias “no se transporta en ningún caso armamento ni efectivos militares, solo personal de ayuda humanitaria con sus herramientas de trabajo”.
Moreno, que ha presumido de su “valentía para tomar decisiones”, ha tendido la mano al “diálogo” para resolver posibles suspicacias, pero ha dejado claro que “no existe posibilidad de cambiar” el paquete de medidas anunciado el lunes. El Gobierno calcula que, solo con el subsidio, el Estado se ahorrará al año unos 1.500 millones de dólares.
En este sentido, ha tachado de “perverso” el subsidio que ahora quiere eliminar, toda vez que “distorsionaba” la economía e implicaba que “ingentes” recursos del Estado fuesen a parar “a manos de quienes no correspondían”, desde personas “pudientes” a otras que traficaban con combustible.
A las críticas contra el denominado “paquetazo” se ha sumado el ex mandatario Rafael Correa, que ha acusado a Moreno de “traición” y ha dicho que “le quedó inmenso el traje de presidente”. “A resistir con firmeza, pero en paz”, ha proclamado Correa desde su cuenta de Twitter.
El Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, defensor del legado de Correa, ha solicitado una reunión de la Asamblea Nacional de Ecuador “para que se trate la destitución del presidente” ante la “grave conmoción interna generada por las medidas económicas”. Asimismo, ha llamado a la población a seguir manifestándose para defender el derecho “a vivir bien”.
(Con información de Europa Press)
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