Diez personas por día son detenidas ilegalmente en Nicaragua por protestar contra el régimen de Daniel Ortega

Así lo revela el reciente estudio del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. El informe indica, además, que el sandinismo mantiene a 91 presos políticos en sus cárceles

En el último año de represión en Nicaragua se registraron cientos de presos políticos y manifestantes asesinados por las fuerzas del régimen (Foto: La Prensa/Nicaragua)
En el último año de represión en Nicaragua se registraron cientos de presos políticos y manifestantes asesinados por las fuerzas del régimen (Foto: La Prensa/Nicaragua)
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Un informe del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos reveló este jueves que cada día un promedio de diez personas son "secuestradas" en Nicaragua por manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

"Se han reportado durante el último cuatrimestre un promedio de 10 secuestros por día", especificó el Comité en su "Informe y listas de personas presas políticas", que incluye datos de esas detenciones actualizados al 25 de junio.

Según el monitoreo del Comité, los "secuestros" son ejecutados por Policías y paramilitares en todas las ciudades de Nicaragua donde hay expresiones contra Ortega.

El Comité los llama "secuestros" y no detenciones, porque en Nicaragua protestar no es delito, y las leyes prohíben a la Policía arrestar a alguien sin haber cometido faltas, mientras que los civiles no pueden detener a una persona contra su voluntad.

Con base en el dato suministrado por el Comité, más de un millar de personas han sido "secuestradas" entre marzo pasado y junio, sin embargo, la mayoría son liberadas horas o días después.

El informe del Comité indicó que los “secuestros” son realizados por la Policía nicaragüense y paramilitares del régimen
El informe del Comité indicó que los “secuestros” son realizados por la Policía nicaragüense y paramilitares del régimen

La estrategia de los arrestos efímeros, según el Comité, es desmontar las protestas contra Ortega, intimidar a los opositores, y evitar que se dispare nuevamente el número de "presos políticos", que hasta marzo pasado superó los 800, de acuerdo a las listas divulgadas en ese mes.

El mismo estudio señala que actualmente el régimen, que entre febrero y el 11 de junio excarceló a unos 620 "presos políticos", mantiene en sus calabozos a otras 91 personas que han mostrado su descontento con Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

De esas 91 personas, al menos 64 fueron "secuestradas" después de marzo, cuando el régimen sandinista se comprometió a liberar a todos los "presos políticos" y a respetar la Constitución en lo referido a las libertades públicas.

Adicionalmente el Comité presentó una lista de 102 personas que fueron vistas por última vez cuando eran capturadas por la Policía o grupos oficialistas, y de las que no se volvió a tener información.

Organismos de derechos humanos repudian la represión del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo (AFP)
Organismos de derechos humanos repudian la represión del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo (AFP)

El Comité destacó que las listas de los encarcelados y las personas con paradero desconocido, que algunos consideran desaparecidos, son preliminares, ya que cada día las autoridades detienen y excarcelan a manifestantes de manera arbitraria.

Las capturas de opositores se dan en el marco de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas, que desde el 18 de abril de 2018 ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de decenas de miles en el exilio.

En 14 meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado al menos 326 muertos como producto de la crisis en Nicaragua. Organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 594, pero el Gobierno reconoce 200.

El caso de Nicaragua es estudiado en la ciudad colombiana de Medellín en la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha puesto en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el país, por la violación al orden constitucional, que de ejecutarse le dejaría fuera del organismo.

Con información de EFE

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