La ONU pidió este martes a Nicaragua "investigaciones rápidas, independientes y transparentes" sobre las víctimas de las manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones, y lamentó las posibles "ejecuciones ilegales".
"Estamos especialmente preocupados por el hecho de que un cierto número de muertes puedan equivaler a ejecuciones ilegales", declaró la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, en una conferencia de prensa en Ginebra.
"Pedimos a las autoridades nicaragüenses que se lleven a cabo investigaciones rápidas, profundas, independientes y transparentes sobre estas muertes", añadió.
"Es fundamental" que haya una investigación sobre "las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por la policía y otras fuerzas de seguridad", dijo.
El Alto Comisionado considera que "debería haber también investigaciones sobre los actos de violencia, incluidos los saqueos, que se habrían cometido durante las manifestaciones".
El Alto Comisionado, que no tiene representante en Nicaragua, dice haber recibido "informes fiables según los cuales al menos 25 personas murieron en Nicaragua durante las manifestaciones nacionales contra las reformas previstas de la seguridad social".
Según informaciones recibidas por la ONU, entre los 25 muertos contabilizados a 21 de abril figura un policía. "Verificamos si hay otras víctimas", precisó la portavoz de la ONU.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aumentó su balance a 26 muertos, incluido un camarógrafo muerto por disparo de bala, y sin contar al policía.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunció el domingo que retiraba su reforma de las pensiones, pero eso no evitó que miles de personas volvieran a manifestar el lunes en el país, golpeado por una crisis política y social.
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