Un Juzgado de Garantías confirmó la detención provisional de un hombre de 35 años, acusado de violencia doméstica contra su madre, de 66 años y su abuela de 90 años.
El hecho se registró en la comunidad de Santa Fe, provincia de Darién, donde el imputado incurrió en hostigamiento y maltrato contra ambas mujeres.
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Una audiencia reciente fue de revisión de medida cautelar y la Fiscalía sostuvo que los riesgos procesales no variaron.
El acusado quedó detenido porque la condición de vulnerabilidad de las víctimas, dos mujeres adultas mayores, y el temor que mantienen ante las reiteradas amenazas de muerte proferidas en su contra llevaron al juzgado a mantener la detención provisional, al considerar que el peligro hacia ellas persiste.
Las víctimas manifestaron sentir temor por las constantes amenazas recibidas de parte del imputado. Ese factor resultó determinante para que la medida cautelar se sostuviera sin modificaciones.
En tanto, en un allanamiento en la barriada Arboleda, en el distrito de La Chorrera, terminó con la incautación de 469 paquetes de presunta cocaína y 83,20 gramos de marihuana.
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El operativo derivó en una condena de 96 meses de prisión contra el hombre señalado de posesión agravada de drogas.
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste, dependiente de la Procuraduría General de la Nación, validó un acuerdo de pena plasmado en la sentencia.
El condenado deberá pagar además una multa de USD 100 como pena accesoria.
A otro individuo se le condenó a 64 meses de prisión por el robo de tuberías de cobre en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).
La Sección Cuarta de la Fiscalía Anticorrupción obtuvo la condena contra el ciudadano dominicano por hurto agravado en perjuicio de la entidad educativa.
El hombre fue aprehendido luego de apoderarse de tuberías de cobre instaladas en un cuarto frío de la institución.
Esta semana se celebró una audiencia de solicitudes múltiples ante un Juez de Garantías y en esa instancia se declaró legal la aprehensión y se formuló la imputación de cargos en calidad de autor.
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El imputado aceptó su responsabilidad por el hecho atribuido, por lo que a partir de ese reconocimiento, el Juez de Garantías validó oralmente un acuerdo de pena y lo declaró penalmente responsable.
La condena de 64 meses de prisión lleva aparejada una pena accesoria, consistente en la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término, que empezará a correr una vez cumplida la pena principal.
La misma Sección Cuarta de la Fiscalía Anticorrupción tramitó otro caso de hurto agravado, esta vez en perjuicio del Colegio General José de San Martín, ubicado en el sector de Belisario Frías, San Miguelito. La denuncia señalaba el despojo de implementos propiedad del centro educativo.
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En una audiencia de solicitudes múltiples ante un Juez de Garantías se declaró legal la aprehensión de un ciudadano y se formuló la imputación en su contra en calidad de autor. El delito también quedó tipificado como un ataque contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado.
Como medida cautelar de carácter personal, el juzgado decretó la detención provisional del imputado. La medida regirá durante todo el plazo de investigación otorgado a la Fiscalía, fijado en seis meses.
Los cuatro casos forman parte de la gestión reciente de distintas dependencias de la Procuraduría General de la Nación, que en los últimos días reportó resultados tanto en causas de violencia intrafamiliar como en expedientes vinculados al patrimonio económico y al narcotráfico.
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Las penas impuestas van desde los seis meses de detención provisional como medida cautelar hasta los 96 meses de prisión efectiva dictados en el caso de posesión agravada de drogas en La Chorrera.
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