Sin enfrentar la audiencia de primera declaración por crímenes de lesa humanidad en Guatemala, el militar retirado Clodoveo Domínguez de León murió por causas naturales. El deceso ocurrió la noche del 10 de noviembre en el departamento de Suchitepéquez, donde residía.
Domínguez enfrentaba acusaciones por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad debido a su presunta participación en secuestros y ejecuciones extrajudiciales perpetrados durante la guerra interna en Guatemala.
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El Ministerio Público (MP) señalaba al exoficial de integrar una estructura que planificó y ejecutó la captura clandestina de 11 civiles entre los años 1987 y 1988.
De acuerdo con el expediente fiscal, seis de las víctimas sufrieron ejecución extrajudicial y cinco lograron sobrevivir al cautiverio. Los operativos represivos empleaban una furgoneta sin matrícula oficial para interceptar a personas a las que acusaban de mantener vínculos con la guerrilla o ejercer liderazgo social.
Domínguez llegó al grado de Capitán de Fragata dentro del Ejército, fue diputado en el Congreso electo por la Democracia Cristina por el Distrito de Suchitepéquez y estuvo vinculado al caso de “La Panel Blanca”.
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El Juzgado Tercero Penal aplazó de forma reiterada la audiencia indagatoria
La causa penal radicada en el Juzgado Tercero Penal permanecía estancada a la espera de fijar la fecha para la indagatoria contra el militar, ahora fallecido y los también imputados Edilberto Letona y Edwin Rolando González.
La judicatura suspendió la diligencia en múltiples oportunidades debido a la falta de una sala de audiencias con la capacidad física necesaria para albergar al número de abogados defensores, querellantes y personal fiscal asignado al caso.
Con la muerte de Domínguez de León en su natal San Antonio Suchitepéquez, donde la familia organizó las honras fúnebres previas al sepelio en el cementerio de la localidad, se extingue la persecución penal en su contra sin que los tribunales emitieran una resolución de fondo.
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El proceso judicial continúa abierto de manera exclusiva contra los otros dos militares retirados que aguardan la resolución de su situación procesal.
La Panel Blanca operó como instrumento estatal para secuestros, torturas y ejecuciones
El vehículo denominado la Panel Blanca representó un símbolo del terror estatal en Guatemala.
Documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y pesquisas del MP determinaron que agentes gubernamentales vestidos de civil o con distintivos de la Guardia de Hacienda capturaban a las víctimas en la vía pública para subirlas por la fuerza a camionetas sin placas de circulación.
Los peritajes forenses presentados ante la justicia internacional comprobaron que las víctimas padecieron heridas cortopunzantes, degollamiento y tormentos físicos continuos antes de que sus verdugos abandonaran los cadáveres en barrancos y avenidas.
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Quienes sobrevivieron a los traslados atestiguaron que los captores los condujeron vendados hacia instalaciones policiales y dependencias castrenses para someterlos a agresiones psicológicas y tratos crueles con el fin de obtener confesiones involuntarias.
Testimonios del caso Diario Militar revelaron los rastros de sangre dentro del automotor
El uso de estas unidades también quedó al descubierto en el expediente del Diario Militar, ventilado en el Juzgado de Mayor Riesgo B.
Declaraciones testimoniales de antiguos conductores del ejército confirmaron que la furgoneta marca Toyota blanca pertenecía a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y permanecía bajo custodia en estacionamientos oficiales.
Un testigo relató en sede judicial que al aproximarse a la panel observó en el piso coágulos de sangre de unos cinco centímetros que los encargados de limpieza retiraron en una cubeta.
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De acuerdo con la acusación, los detenidos por sospechas de actividad sindical, entre ellos Rubén Amílcar Farfán, terminaban recluidos en un búnker de la antigua Escuela Politécnica antes de su ejecución clandestina.
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