"Los incidentes dejaron al menos 25 muertos, decenas de personas heridas, lesiones a periodistas, y se sacó del aire, por orden oficial, cuatro canales de televisión que informaban sobre las protestas. El gobierno justificó la actuación de las fuerzas policiales como legítima defensa contra algunos grupos que estaban promoviendo violencia", denunció la CIDH.
En el comunicado, la Comisión recordó que "los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. La represión directa a los manifestantes o la detención arbitraria de manifestantes es incompatible con el derecho de manifestar su opinión pacíficamente."
En cuanto a los operativos de seguridad, la CIDH remarcó que "deben ser planificados bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo. Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva".
La CIDH instó al Estado a garantizar "el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social". La Comisión reiteró, además, la importancia de que las autoridades contribuyan decisivamente a la construcción de "un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello".
Las protestas iniciaron el miércoles pasado contra la reforma de la seguridad social, pero no mermaron después de que Ortega anunció su revocación, el domingo.
El lunes, en una histórica marcha en Managua, replicada en el resto de Nicaragua, la población no exigió diálogo sino que solicitó de forma pacífica la renuncia de Ortega, tras 11 años seguidos en el poder.
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