El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, pidió a un tribunal europeo que anule la multa de 120 millones de euros (137 millones de dólares) que la Comisión Europea le impuso a X, la red social propiedad de Elon Musk.
La sanción, aplicada en diciembre de 2026, fue la primera multa impuesta bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), la norma con la que la Unión Europea regula el contenido y la transparencia de las plataformas tecnológicas. Llegó después de una investigación de dos años.
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Según determinaron los reguladores europeos, las marcas de verificación azules de X incurrían en “prácticas de diseño engañosas” porque hacían pasar por “cuentas verificadas” a usuarios que simplemente habían pagado por ese estatus, lo que podía exponerlos a estafas y manipulación.
La Comisión Europea también objetó que el repositorio de publicidad de la plataforma fuera inaccesible e incompleto y que X no permitiera a los investigadores acceder a datos públicos para estudiar los riesgos del servicio.
El caso ahora queda en manos del Tribunal General de la Unión Europea, que deberá resolver si confirma o anula la multa contra X. La Comisión Europea no fijó una fecha para la próxima instancia del proceso.
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Qué dijo Estados Unidos sobre la multa impuesta a X
El asistente del fiscal general a cargo de la división civil del Departamento de Justicia, Brett Shumate, dijo en un comunicado que la Comisión Europea “intentó indebidamente expandir su autoridad regulatoria para alcanzar a empresas estadounidenses que no están presentes ni operan dentro de su jurisdicción”.
“No toleraremos que la Comisión Europea incurra en un exceso regulatorio” para intentar controlar los motores estadounidenses de innovación y crecimiento económico, agregó Shumate, según reprodujo la agencia AP.
El propio Departamento de Justicia advirtió que la multa, si se confirma, podría tener implicaciones significativas para otras plataformas digitales estadounidenses que operan en la Unión Europea.
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Musk y X ya habían apelado la sanción por separado en febrero de 2026. Argumentaron entonces que la investigación europea había sido “incompleta y superficial” y que la interpretación de las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) fue “torturada”, además de sostener que no se les habían garantizado plenamente los derechos de defensa.
Qué respondió la Comisión Europea
La Comisión Europea ya respondió a la solicitud estadounidense. Su vocero, Thomas Regnier, sostuvo que redactar legislación para proteger a los ciudadanos del bloque es un “derecho soberano” de la Unión Europea.
“Estamos aplicando nuestra legislación de manera objetiva, transparente y con un caso sólido”, dijo Regnier.
“Estamos listos para defender nuestra posición en la corte. Tenemos mucha evidencia a disposición y será la corte la que decida, como siempre”.
Consultado sobre si el Departamento de Justicia había avisado a la Comisión de su intención de respaldar a Musk, el vocero fue tajante: “No necesitamos que nos informen de nada”.
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Regnier añadió que Bruselas no espera que el litigio afecte la relación más amplia entre ambos bloques, ni las negociaciones en curso para atenuar el impacto de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.
La disputa por la DSA ya venía como un punto de fricción entre Washington y Bruselas antes de esta intervención.
Funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente JD Vance, habían criticado antes la ley europea por considerarla una forma de censura online, según la agencia AP.
La norma exige a las plataformas tecnológicas depurar sus servicios bajo amenaza de sanciones económicas severas y alcanza a otras empresas estadounidenses además de X.
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Segunda intervención que se realiza por una empresa de Musk
La reciente solicitud es la segunda vez en tres meses de 2026 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interviene para respaldar a una compañía de Musk frente a un proceso legal.
En julio del mismo año, la agencia había presentado una moción para sumarse a una demanda de derechos civiles que acusa a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, de operar sin permiso decenas de turbinas de gas natural para alimentar un centro de datos de 20.000 millones de dólares en Mississippi.
En ese caso, la organización Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y otros grupos sostienen que la instalación, ubicada cerca de viviendas, escuelas e iglesias, genera riesgos para la salud de las familias de Memphis y el norte de Mississippi, en violación de la ley federal de aire limpio.
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