Dos antiguos expertos en ciberseguridad que ocuparon cargos clave en empresas especializadas se declararon culpables de orquestar ataques de ransomware y extorsionar a una empresa de dispositivos médicos por USD 1,2 millones, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
La acusación judicial indica que Ryan Goldberg, exgerente de respuesta a incidentes en Sygnia Cybersecurity Services, y Kevin Martin, antiguo negociador ante ransomware en Digital Mint, aprovecharon sus conocimientos —adquiridos precisamente para proteger a compañías frente a ciberataques— para cometer estos delitos.
Así se cometió el ciberdelito
Según el reporte, en 2023 los acusados accedieron ilícitamente a la red de una empresa de dispositivos médicos en Estados Unidos, donde cifraron y sustrajeron datos sensibles antes de exigir el pago de un rescate en criptomonedas. La compañía accedió a pagar el monto solicitado en Bitcoin, constituyendo uno de los mayores pagos conocidos en este tipo de casos en el país.
Tras ese ataque exitoso, Goldberg y Martin intentaron replicar su esquema de extorsión empresarial contra otras compañías estadounidenses. De acuerdo con el DOJ, exigieron pagos a una firma farmacéutica con sede en Maryland, solicitaron USD 5 millones a una consulta médica en California, USD 1 millón a una empresa de ingeniería ubicada en el mismo estado y USD 300.000 a un fabricante de drones en Virginia.
Estos intentos resultaron infructuosos, pero demuestran el alcance y la confianza de los implicados al seleccionar sectores críticos como la salud y la tecnología.
El grupo empleó el software malicioso ALPHV/BlackCat, una variante de ransomware de alto perfil, dentro de un esquema de “ransomware como servicio”, donde los desarrolladores distribuyen el malware a afiliados encargados de ejecutar los ataques y ambos comparten los fondos extorsionados.
El DOJ señaló que, tras infiltrar las redes de las víctimas, los implicados cifraban la información y robaban datos confidenciales, incrementando la presión sobre las empresas. Los pagos obtenidos eran canalizados a través de múltiples monederos de criptomonedas para dificultar la trazabilidad de los fondos.
Hasta 20 años de prisión
El proceso judicial se desarrolla en el Distrito Sur de Florida, donde los acusados enfrentan cargos por conspiración para interferir con el comercio interestatal mediante extorsión, la propia interferencia con el comercio por extorsión y daño intencional a sistemas informáticos protegidos.
Según la acusación, los dos primeros cargos pueden conllevar hasta 20 años de prisión, mientras que el tercero implica una posible condena de 10 años. Tanto Goldberg como Martin admitieron su responsabilidad por conspiración en noviembre de 2023; la lectura de sentencia está prevista para el 12 de marzo de 2026.
Varios portavoces destacaron la gravedad ética de estos hechos. El fiscal adjunto A. Tysen Duva, del Departamento de Justicia de EE. UU., subrayó que ambos implicados “emplearon formación y experiencia en ciberseguridad —destinadas a proteger infraestructuras críticas— para perpetrar precisamente los delitos que debían impedir”.
El caso evidencia que incluso los mayores riesgos de la economía digital pueden surgir desde el interior de las organizaciones, a manos de quienes originalmente estaban encargados de su defensa.
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