España acaba de impulsar una reforma que busca poner fin a la explotación de menores que se ocultaba bajo la apariencia de entretenimiento lúdico y productos virales en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram o Twitch.
El Proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, aprobado como anteproyecto en junio de 2024 y actualmente en trámite parlamentario, introduce un marco novedoso.
Qué es el proyecto para proteger niños influencers en España
La norma pone el foco en los menores que se han convertido en figuras influyentes en redes sociales, muchas veces bajo la gestión de adultos responsables o agencias.
Estos menores, en ocasiones desde los seis o siete años, suman millones de seguidores y generan ingresos que superan los salarios medios de la mayoría de los españoles. Sin embargo, hasta ahora, no existían procesos de control sobre el tiempo dedicado, la autenticidad del consentimiento ni los límites sobre explotación o manipulación por intereses comerciales.
A partir de la entrada en vigor de la ley, todas las actividades que supongan un desempeño regular, remunerado y sujeto a acuerdos comerciales serán tratadas como actividad laboral.
Las familias o tutores legales estarán obligados a solicitar autorización previa de la autoridad laboral y a cumplir límites estrictos de horario, diseñados para que la actividad digital no interfiera con los estudios ni el derecho al descanso de los menores.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, definió la norma como una reforma laboral en el mundo digital, y defendió que los niños influencers “deberán seguir siéndolo como menores de edad, no como empleados”.
Control a la inteligencia artificial en España
Uno de los puntos más innovadores de la ley es el control sobre la inteligencia artificial y los algoritmos en los contenidos generados por menores.
El texto prohíbe la utilización de su imagen, voz o gestos sin consentimiento expreso y obliga a notificar de manera clara cualquier manipulación digital, como sucede con los deepfakes o recreaciones generadas por IA.
El panorama actual, en el que proliferan imitaciones y recreaciones sin autorización, había puesto en riesgo tanto la privacidad de los niños como su bienestar psicológico. El nuevo marco aspira a cerrar esta puerta y evitar abusos en la difusión de rostros o voces infantiles.
Las plataformas tecnológicas también deberán ajustarse a la regulación. Más allá de requerir la edad mínima legal para abrir una cuenta, tendrán que colaborar en la verificación de identidad de los menores, identificar los contenidos que produzcan y limitar la exposición que sus algoritmos puedan provocar.
El propósito es que un niño no termine convertido en una fuente de ingreso sin límites ni quede atrapado en dinámicas mediáticas más propias de la vida adulta.
El contexto que dio origen a la reforma es ilustrativo. Un 94,5% de los menores de entre 10 y 15 años en España utilizó internet en los últimos tres meses, según la última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (INE), y más del 70% ya posee su propio teléfono móvil. La frontera entre el juego, la exposición pública y el trabajo real se fue desdibujando, lo que facilitó la aparición de rutinas laborales disfrazadas de diversión.
La ley prevé también la obligatoriedad de sistemas de control parental activados por defecto en los dispositivos y reconoce la necesidad de adaptar la regulación conforme evolucionan los retos tecnológicos y sociales. Para el Gobierno español, la protección de la infancia en internet deja de estar en manos de la buena voluntad y se convierte en deber legal, adecuado a los desafíos de la era digital.
La transformación digital redefine todos los espacios de la vida cotidiana y desde hace años también impacta el mundo del trabajo. Uno de los ámbitos donde este cambio resultaba más urgente de abordar era, sin duda, el de la infancia expuesta en redes sociales.
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