Todo sobre la Ley Influencers en España: para qué sirve y quiénes deberán cumplirla

El gobierno español ha aprobado una Ley de Influencers destinada a regular esta actividad y proteger a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, de posibles contenidos y publicidades nocivas.

La regulación, que busca homologar a los influencers con otros actores del sector audiovisual, establece criterios específicos para definir quiénes son considerados como influencers y qué obligaciones deben cumplir.

Criterios para ser considerado un influencer

Según la nueva normativa aprobada por el Consejo de Ministros, un individuo debe cumplir con tres requisitos clave para entrar en la categoría de influencer o de “usuarios de especial relevancia”, cómo también los llamaron las autoridades españolas:

• Ingresos anuales de al menos 300.000 euros: esta medida busca identificar a aquellos creadores de contenido que tienen un impacto significativo en el ámbito digital y que han logrado monetizar su influencia de manera considerable.
• Seguidores en plataformas de vídeo: se requiere un mínimo de un millón de seguidores en una aplicación de vídeos específica o dos millones en todas las aplicaciones. Esta medida refleja la relevancia y alcance del influencer en el panorama digital.
• Publicación de contenido regular: Se exige la publicación de al menos 24 vídeos al año, lo que demuestra un compromiso activo con la generación de contenido y una presencia constante en las plataformas digitales.

Obligaciones de los influencers bajo la nueva ley

Una vez que un individuo cumple con los criterios definidos, se le imponen ciertas obligaciones con el fin de garantizar la transparencia, proteger a los consumidores y promover prácticas publicitarias responsables. Entre las principales obligaciones se encuentran:

• Identificación clara de contenido publicitario: los influencers deben etiquetar de manera explícita todo el contenido publicitario para evitar confusiones entre publicidad y contenido orgánico. Esta medida busca garantizar la transparencia hacia los seguidores y proteger sus derechos como consumidores.
• Prohibición de publicidad de productos nocivos: se prohíbe la publicidad de productos de tabaco, alcohol, medicamentos, así como de juegos de azar y apuestas dirigida a menores de edad. Esta restricción tiene como objetivo proteger la salud y el bienestar de los consumidores más jóvenes y prevenir el acceso a contenidos perjudiciales.
• Regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas: se establece una regulación estricta para la publicidad de bebidas alcohólicas, permitiendo la promoción de bebidas con más de 20 grados alcohólicos solo en determinados horarios nocturnos, y restringiendo la publicidad de bebidas con menos de 20 grados alcohólicos durante el día.
• Registro obligatorio: los influencers que cumplan con los requisitos especificados y residan en España deben registrarse en una plataforma online proporcionada por el Ministerio. Este registro permite un mayor control y seguimiento de la actividad de los influencers, así como la resolución de posibles problemas o dudas.

Además, los influencers que cumplan con los requisitos especificados y residan en España deberán registrarse en la página del Ministerio. Los problemas durante el registro o dudas pueden ser consultadas a través de dos correos electrónicos proporcionados por el ministerio: las incidencias o dudas técnicas a caucaso@economia.gob.es y las consultas jurídicas a secretaria.audiovisual@digital.gob.es.

Impacto de la Ley de influencers

Es importante destacar que esta ley afectará a un número relativamente reducido de creadores de contenido, aquellos que cumplen con los criterios establecidos en cuanto a ingresos, seguidores y producción de contenido. Aquellos que no alcancen estos estándares no estarán sujetos a estas regulaciones.

Además, muchas de las condiciones impuestas por esta ley coinciden con las que ya se aplican a los medios tradicionales, como televisiones y radios, bajo la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022. Esto refleja la intención del Gobierno de equiparar la regulación entre los diferentes medios de comunicación y adaptarse a las nuevas realidades del panorama digital.