
El primer día de las IV Jornadas y Exposición Internet Day 2018 recibió ayer a más de 350 personas en la Usina del Arte (con más de 1.100 inscriptos). En el marco de las celebraciones del Día Mundial de Internet, el encuentro organizado por CABASE (Cámara Argentina de Internet) se convirtió en un espacio de diálogo entre los actores de la industria local de internet.
Proveedores de servicio de internet (ISP) y cooperativas analizaron el rol de la red hoy. Durante la apertura, CABASE informó que la red nacional de datos se sextuplicó en los últimos 3 años, a través de los 27 IXP regionales (Internet Exchange Points).
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Asimismo, Ariel Graizer, presidente de la Cámara, habló sobre el proyecto de ley de regulación de la responsabilidad de los intermediarios en internet. Se trata del conocido proyecto Pinedo-Fellner, que es una iniciativa impulsada por dos proyectos de ley: el S-1865/15, de la senadora Liliana Fellner, y el S- 2/16, del senador Federico Pinedo.
Graizer hizo foco en la necesidad de contar con el apoyo institucional por parte de los diputados nacionales para contar con consenso y convertir el proyecto en ley.
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Su objetivo, tal como indica el artículo 1° del proyecto es: "…Regular la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet, a efectos de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas, y cualquier otro derecho que resulte afectado".
Esto significa que toda persona podrá promover una acción de amparo ante un juez federal, para bloquear, suspender, retirar, y/o inhabilitar el acceso a los contenidos específicos de un ISP.
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¿Cuál es el recorrido que ha tenido este proyecto? Las comisiones de Comunicación e Informática, Defensa del Consumidor y de Justicia de la Cámara de Diputados, le dieron dictamen a este proyecto de ley (aprobado por el Senado en octubre de 2016), en noviembre de 2017. Éste es el paso previo a la llegada del proyecto al recinto para la votación.
Hubo acuerdo de los bloques legislativos para sesionar en ordinarias, pero surgió un imprevisto. A fines de noviembre, Cambiemos decidió suspender la sesión especial, en el marco de la búsqueda del submarino ARA. Era la última sesión del año de diputados y la composición de la Cámara se modificó el 10 de diciembre del año pasado.
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Por lo tanto, todos los dictámenes de comisión, incluido el del proyecto de ley de intermediarios en internet, cayeron. Para que la ley sea votada en el recinto, las comisiones deberán volver a darle dictamen de aprobación.
Los beneficios expuestos en Internet Day
Durante la primera jornada del encuentro, entre charlas de blockchain, 5G y género, entre otros, hubo un panel expositor sobre responsabilidad de intermediarios y buenas prácticas.
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Representantes de la CABASE, la organización regional de dominios LACTLD, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio, la Universidad de San Andrés, Mercado Libre y OLX expusieron posturas y apoyos de la posible ley de intermediarios.

Matías Fernández Díaz, Gerente Asuntos Públicos Legales y Relaciones Gubernamentales de MercadoLibre, explicó durante su exposición: "Estamos trabajando para que las plataformas sean puras, transparentes. Y de ninguna forma este proyecto de ley reniega de eso". Tanto Fernández Díaz como Santiago Gini, Gerente General de Legales de OLX, hablaron de alineación de intereses. "Es importante también que haya autorregulación a nivel conceptual y filosófico. Luchemos, invirtamos, hagamos campañas", expresó Gini.
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Por su parte, Belén Gutierrez Eguia, representante de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, hizo foco en el talento argentino y cómo esta regulación podría incentivar el crecimiento.
"Trabajamos en lo que es el mejoramiento del clima de negocios. Estamos trabajando fuerte con el sector de TMT -tecnología, medios, telecomunicaciones- en la regulación de las responsabilidades de los intermediarios", señaló la joven.
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Y continuó: "El desarrollo de la economía digital tiene un potencial enorme, más que nada para las startups y el talento argentino. Desde la regulación esto se pude incentivar para que el sistema emprendedor explote hasta su máximo potencial. Por otro lado, vivimos en un país democrático y un proyecto que regule la responsabilidad de los intermediarios previene la censura", asegura.
Por su parte, Carolina Aguerre, del CETyS (Centro de Tecnología y Sociedad) de la Universidad de San Andrés, dijo a Infobae: "La desregulación total no es buena y los actores ya tienen una trayectoria. Hay una jurisprudencia que ya se va asentando. Son más las ventajas que las desventajas".
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Respecto de la industria de la propiedad intelectual, la gran opositora de este proyecto de ley, Aguerre señala: "En términos generales es una industria que, no solo con el tema de los intermediarios, sino con todo lo referido al desarrollo de internet como plataforma, no necesariamete ha sabido adaptarse a estos nuevos escenarios y a las nuevas reglas de juego".
La carta a la ONU

El proyecto de ley de intermediarios de internet cuenta con apoyo internacional. David Kaye, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), redactaron una carta apoyando.
Ambos representantes transmiten la necesidad de tomar medidas para que el proyecto se convierta en ley. La nota es del 26 de abril de este año.
Asimismo, el proyecto de ley persigue recomendaciones no solo de la ONU o CIDH, sino de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la OEA (Organización de Estados Americanos), entre otros.
En el inicio de la carta se puede leer:
"El 28 de octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en María Belén Rodríguez vs Google Inc. (número de expediente 99.613/06) que Google y otros proveedores de servicios de Internet ("ISP") no son responsables por el contenido ilegal de terceros, siempre y cuando el ISP no tuviera conocimiento de la existencia del contenido o si el ISP conociera la existencia del contenido y actuara con prontitud para quitarlo y/o restringir su acceso. El dictamen indicó que los ISP todavía tienen la responsabilidad de eliminar el contenido "manifiestamente ofensivo," como la pornografía infantil, la incitación a la violencia, y las declaraciones y observaciones difamatorias"
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