Piden condenar al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram y a su hijo por delincuencia organizada

La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó que el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley sean declarados culpables del delito de delincuencia organizada por su presunta participación en una red dedicada a la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

El pedido fue formulado durante el alegato final del Ministerio Público dentro del juicio que se sigue en la Corte Nacional de Justicia. Además de Bucaram y su hijo, la Fiscalía también solicitó condena para el exagente metropolitano Leandro Berrones y el ciudadano israelí Oren Sheinman, quienes, según la acusación, habrían participado en la misma estructura.

De acuerdo con la teoría fiscal, los procesados colaboraron entre marzo y agosto de 2020 en una organización que obtuvo beneficios económicos mediante la venta de 21.000 pruebas rápidas para COVID-19, así como mascarillas, lancetas y otros productos médicos de alta demanda durante los meses más críticos de la pandemia.

La Fiscalía sostiene que esta red utilizó incluso recursos públicos para movilizar la mercadería. Según los peritajes presentados en el juicio, vehículos y funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito fueron empleados para trasladar los insumos. Parte de estos productos terminó almacenada en la residencia de Bucaram, en Guayaquil, donde en junio de 2020 las autoridades hallaron miles de pruebas rápidas y mascarillas durante un allanamiento.

Uno de los elementos centrales de la acusación es el testimonio anticipado del ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado en agosto de 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral. Según la Fiscalía, Dahan declaró que Jacobo Bucaram pagó USD 321.600 en efectivo por la adquisición de la mercadería.

La investigación también señala que algunos de los involucrados se habrían presentado falsamente como miembros del cuerpo diplomático y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para facilitar el transporte de los insumos sin despertar sospechas.

Según el Ministerio Público, las pruebas y otros productos eran comercializados en varias provincias del país sin facturas y sin el pago de impuestos al Estado.

El proceso judicial se ha extendido por varios años. La audiencia de juicio comenzó en abril de 2025, luego de varios diferimientos registrados desde 2022. Durante el juicio comparecieron 50 personas entre peritos, agentes investigadores y testigos.El tribunal de juzgamiento deberá ahora evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa antes de emitir una sentencia, lo que se prevé ocurra en los próximos días.

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador y contempla penas de entre siete y diez años de prisión, dependiendo del grado de participación y de las circunstancias agravantes que determine el tribunal.

Bucaram, de 74 años, gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando fue destituido por el entonces Congreso bajo la figura de “incapacidad mental para gobernar”. Desde entonces ha enfrentado diversos procesos judiciales y ha mantenido una presencia recurrente en la vida política ecuatoriana.

En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó y le prohibió el ingreso a ese país por su presunta participación en actos de “corrupción significativa”.

El caso ha tenido un alto impacto público porque se originó en uno de los momentos más dramáticos de la pandemia en Ecuador, cuando la escasez de insumos médicos y el colapso hospitalario golpearon con fuerza a ciudades como Guayaquil.

La decisión del tribunal marcará un nuevo capítulo judicial para uno de los expresidentes más controvertidos de la historia reciente de Ecuador y para su hijo, quien también ha estado involucrado en varios procesos penales derivados de las investigaciones por corrupción en la emergencia sanitaria.